A través de un comunicado, el gobierno municipal de Puerto Vallarta defendió las acciones que aseguró, ha emprendido en el último año para sanear las finanzas públicas después «de la deuda exorbitante y malos manejos financieros heredados por los gobiernos anteriores emanados de Movimiento Ciudadano».
Sostiene que el presidente municipal, Luis Alberto Michel Rodríguez, enfocó sus esfuerzos en combatir la corrupción, ponerse al día con los pagos que afectaban a los trabajadores municipales y ver las alternativas para comenzar a pagar y disminuir la fuerte deuda que desde hace varios años, afectaba el erario público.
Señala que días antes de concluir la pasada administración, y cuando por cierto el actual munícipe era parte de ella como regidor, fue aprobada una deuda por más de 500 millones de pesos
“Dos días antes de terminar la gestión municipal anterior, firmaron un convenio con el Instituto de Pensiones del Estado en el que se reconoce una deuda por 519 millones de pesos, a pagarse a 20 años. Esa deuda trajo consigo que el edificio de la Unidad Municipal Administrativa (UMA) dejara de ser propiedad del Ayuntamiento y pasara a Pensiones del Estado. Hoy pagamos una renta mensual de 1 millón 250 mil pesos”.
Sin especificar si se presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción por las irregularidades que señalan, en el comunicado se explica que tal deuda tiene como origen que no fue reportado al Ayuntamiento que debía realizarse el pago al IPEJAL, afectando los derechos de los trabajadores porque entonces no podían acceder a los créditos y beneficios que ofrece el instituto, y provocó que en muchos casos, procedieran embargos sobre lo que habían sacado a crédito.
Detalla que se suman dos adeudos con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, el primero por 189 millones de pesos, y el segundo por 140 millones, y uno más ante el grupo financiero BBVA México por 14 millones 796 mil pesos, dejando un total de deuda de alrededor de 863 millones de pesos.
El presidente municipal señaló que «de manera ilegal, los funcionarios públicos de la pasada administración se auto finiquitaron, lo que está fuera de la Ley por ser funcionarios de primer nivel y de confianza, y se mantuvo a un líder sindical que fungía como Secretario General del Sindicato de Servidores Públicos del Ayuntamiento, quien percibía un sueldo enorme».
Como parte de este escenario, detalla que quedaron pendientes 383 expedientes de demandas laborales y juicios mercantiles a los que había que dar respuesta, por lo que en el primer año pagaron más de 23 millones de pesos entre laudos y sentencias.
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En serio esta luchando por la corrupción, creo que no se ha dado cuenta que su gabinete, directivos son los más corruptos de todos los tiempos, que su administración en lugar de mejorar empeoró, burocracia ante los trámites en todos los niveles de su administración.