Pérez Molina y su vicepresidenta, Roxana Baldetti, fueron condenados a 16 años de cárcel cada uno, ocho por delito, en un caso bautizado por las autoridades en 2015 como “La Línea”.
El Tribunal de Mayor Riesgo “B” del Organismo Judicial guatemalteco determinó que ambos tenían conocimiento de las operaciones ilícitas de la estructura de defraudación aduanera que operó en los puertos de Guatemala entre 2012 y 2015.
La jueza a cargo del tribunal, Jeannette Valdés, decidió condenar al expresidente Pérez Molina por “coadyuvar” en el plan global de la estructura de corrupción, que reguló de forma ilícita los cobros de impuestos a importadores en las aduanas del país centroamericano.
Sin embargo, el tribunal decidió absolver a los exmandatarios del delito de enriquecimiento ilícito, argumentando que la acusación no logró establecer con precisión si existió un incremento patrimonial anómalo.
“Es una mentira. Yo no lo hice. Me siento decepcionado después de siete años esperando esto y escuchar esta sentencia”, declaró a periodistas el expresidente Pérez Molina tras conocer la decisión del tribunal.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía, los altos mandos de la estructura se quedaron con el 61% de los cobros ilícitos efectuados por la red aduanera ilegal.
“Teniendo la oportunidad de hacer un trabajo digno y respondiendo con fidelidad a la constitución política, se desviaron de su deber para recibir sobornos”, declaró la jueza Valdés en relación a los líderes de la estructura criminal.
En octubre, la Fiscalía había solicitado al tribunal dictar una pena de 30 años de prisión para el binomio presidencial y una multa de 9.3 millones de dólares.
Durante la sentencia, la jueza Valdés aseguró que la acusación tenía inconsistencias que derivaron en absoluciones en favor de algunos de los 29 acusados en el caso.
“Algunas de las acusaciones carecían de detalles y por eso no nos permiten dictar una condena”, detalló el tribunal, que dio inicio al debate oral y público en enero pasado.
Entre los absueltos se encuentran los ex jefes de la Superintendencia de Recaudación Tributaria (SAT) Omar Franco y Carlos Muñoz, por considerar que la Fiscalía no logró acreditar que ambos formaron parte de la estructura criminal.
El caso “La Línea” fue develado en abril de 2015 por la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), la cual provocó la caída del Gobierno del ahora condenado Pérez Molina.
Además, este caso se considera emblemático ya que fue el primero de una serie de investigaciones lideradas por la Cicig que dieron a conocer diversas estructuras criminales incrustadas en el Estado de Guatemala.
Pérez Molina y Baldetti están también acusados por otros casos millonarios de corrupción durante su Gobierno.
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