La Fiscalía deberá proporcionar información sobre el monto del daño económico causado y el tipo de virus usado para los ataques preparados, de acuerdo con el Instituto Nacional de Transparencia, INAI.

La Asociación Mexicana de Ciberseguridad (AMECI) dio a conocer que el país registra más de 85 mil millones de intentos de ciberataques en lo que va de 2022.

Ante este panorama, la Fiscalía General de la República (FGR) tendrá que dar a conocer el número total de ciberataques atendidos a nivel nacional durante los periodos de gobierno de Enrique Peña Nieto (ex presidente de México) y Andrés Manuel López Obrador, actual Jefe del Ejecutivo.

Y es que, de acuerdo con la empresa “Metabase Q”, México fue el país latinoamericano que más intentos de ciberataques recibió en 2021, con 156 mil millones. Cabe precisar que, de acuerdo con la misma empresa, el territorio mexicano ocupa el lugar número 52 de 182 países preparados en seguridad cibernética.

En la información que debe proporcionar la FGR deberá detallar contra cuáles instancias de gobierno se habrían dado dichos ataques, así como especificaciones sobre este tipo de agresiones.

Así lo determinó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), mismo que agregó que dentro de la información debe estar incluida:  la fecha del suceso; nombre de la víctima, aclarando si es instancia de gobierno, empresa u otra naturaleza legal; entidad federativa y municipio; monto del daño económico causado; tipo de virus, y las áreas encargadas de indagar y atender dichos ciberataques.

“Es indispensable exigir una rendición de cuentas a nuestras autoridades y a toda esta serie de unidades administrativas especializadas, que permitan saber qué han resuelto y qué impacto ha tenido su existencia y sus labores frente a estos ciberataques, es decir, debemos exigir la rendición de cuentas”, expresó el Comisionado del INAI, Adrián Alcalá Méndez.

Y es que, tras ser presentado un recurso de revisión, la FGR ahora deberá realizar una búsqueda “exhaustiva y razonable” en los archivos de la Unidad de Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas.

Esto ya que, según las autoridades del instituto de transparencia, si bien la FGR llevó a una búsqueda de información en la Oficialía Mayor, la Agencia de Investigación Criminal y las Fiscalías Especializadas en Control Competencial y Regional, omitió consultar a la institución competente.