Para salvaguardar la autonomía y profesionalismo del INE, la institución recurrirá a todas las instancias y vías jurídicas que la Constitución brinda y así, “seguir garantizando elecciones libres y auténticas”, aseguró esta mañana el titular del INE, Lorenzo Córdoba.

En conferencia de prensa y previo a la discusión del plan B de la reforma electoral en el senado de la República, los once consejeros del Instituto Nacional Electoral emitieron un pronunciamiento en el que expresaron su preocupación debido a “los momentos cruciales que vive la democracia”.

En el pronunciamiento que hicieron, aseguraron que “hoy (el sistema electoral) garantiza a las y los mexicanos elecciones libres y renovación de los poderes públicos en condiciones de legalidad, certeza, equidad, paz pública y gobernabilidad democrática”.

Dijeron que a pesar de que la institución electoral se ofreció en varias ocasiones, nunca fueron consultados sobre los contenidos que harían de dicha reforma. “Al INE no se le pidió información, diagnósticos ni opinión técnica sobre los cambios propuestos”.

De acuerdo con los funcionarios, el artículo 41 constitucional establece que la renovación de los poderes Legislativos y Ejecutivos se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas; además de que la función electoral, depositada en el INE y organismos públicos locales electorales, se rige por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.

“Condiciones que se han garantizado, sin excepción en 330 procesos electorales federales y locales organizados en 2014 a la fecha”, agregaron.

En este sentido, las y los consejeros advirtieron deficiencia que ponen en peligro la operación de los procesos electorales, entre los que se destacan:

”Toda reforma electoral debe estar fundada en el más amplio consenso posible entre los actores políticos y garantizar su legitimidad a partir del apego a la Constitución y las leyes”.

-Si las 300 Juntas Ejecutivas Distritales desaparecen, “pondría en riesgo la confección del Padrón Electoral, la instalación de casillas y la realización de los cómputos de los votos; así como el monitoreo de las estaciones de radio y televisión del país, la fiscalización de las actividades de los partidos políticos y de las campañas electorales, y el cumplimiento de las obligaciones dirigidas a combatir la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género”.