Los comisionados del órgano autónomo determinaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador debe publicar los documentos que él dijo recibir en mayo de 2021, tras una reunión virtual con Harris, sobre los jóvenes desaparecidos en Guerrero en septiembre de 2014.
“En el INAI impulsamos siempre el principio a la máxima publicidad, ya que el acceso a la justicia, a la verdad y a la memoria histórica es parte de una verdadera reparación del daño”, argumentó la comisionada Norma Julieta del Río, según el reporte del organismo.
López Obrador pidió el expediente a Harris como parte de la investigación de la Comisión de la Verdad de su gobierno, que en agosto pasado determinó que el caso de Ayotzinapa fue “un crimen de Estado” que involucró a autoridades de todos los niveles, incluyendo militares.
Los archivos de Estados Unidos incluyen intervenciones telefónicas realizadas en ese país al grupo criminal Guerreros Unidos, que está relacionado con la desaparición de los 43 estudiantes, según detalló el INAI.
El organismo autónomo justificó su decisión porque el caso “es emblemático de la crisis en materia de violaciones graves a derechos humanos que ha sufrido” México.
“Quienes integramos este pleno hemos impulsado en todas y cada una de nuestras ponencias la apertura de toda la información relacionada con el caso Ayotzinapa”, expuso la comisionada Del Río.
La polémica sobre la desaparición de los 43 estudiantes se reavivó el año pasado, en su octavo aniversario, por el reporte de la Comisión de la Verdad, que los da por muertos.
Pero, después, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló inconsistencias.
Mientras que el encargado de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas, reconoció “que mucho de lo que se presentó como evidencia nueva y crucial no pudo verificarse como real”, según una nota de The New York Times.
Según la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto, la llamada “verdad histórica“, policías corruptos detuvieron a los 43 estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.
La Administración de López Obrador ha desmentido esa “verdad”, al coincidir con familiares y con el GIEI, que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.
Información de Agencia EFE
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