Además, el futbolista debe permanecer en prisión durante las pesquisas. No se ha fijado la fecha del juicio.
Como se recordará, Alves fue detenido de forma provisional en enero tras ser acusado de agredir sexualmente a una mujer en un club nocturno el 30 de diciembre. Él ha negado las acusaciones y dice que el sexo con la denunciante fue consensuado.
Un Juez ordenó su entrada en prisión sin fianza tras analizar la investigación preliminar de las autoridades y tomar declaración a Alves, la supuesta víctima y otros testigos.
En su apelación, los abogados de Alves alegaron que el brasileño había aceptado entregar su pasaporte y llevar un dispositivo de monitoreo si era liberado. Alves también se ofreció a comparecer ante la corte y las autoridades con la frecuencia que se le solicitara, incluso a diario, así como a mantenerse a 500 metros (yardas) de la denunciante, su vivienda o su lugar de trabajo.
Sin embargo, la corte concluyó que esas medidas no bastarían para evitar que el futbolista intentara escapar, dado que enfrenta una condena de varios años de cárcel si se le declara culpable. También determinó que había indicios considerables de que podría haberse cometido un crimen y que la fortuna de Alves le facilitaría huir independientemente de la suma fijada como fianza.
La corte afirmó que nada impediría a Alves salir de España sin documentación y llegar a su país, que no le entregaría a España aunque hubiera órdenes internacionales de arresto o extradición.
Brasil no extradita a sus ciudadanos cuando son condenados en otros países. Otro exfutbolista brasileño, Robinho, fue condenado a nueve años de cárcel por violar a una joven en Italia, una condena refrendada el año pasado por un importante tribunal italiano, pero sigue libre en Brasil.
Alves, de 39 años, puede apelar de nuevo mientras la corte decide si programa un juicio.
Según la ley española de consentimiento sexual aprobada el año pasado, la agresión sexual incluye una amplia gama de crímenes, desde los abusos en Internet al manoseo o la violación, con diferentes sanciones en función del caso. Una violación puede suponer una pena máxima de 15 años de cárcel.
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