El contralmirante Salvador González Guerrero buscó ampararse y luego pidió tener arraigo domiciliario, alegando que su salud es endeble y su integridad corre peligro por varios migrantes que purgan condenas, pero juez ordenó prisión preventiva.

El contralmirante Salvador González Guerrero, representante del Instituto Nacional de Migración (INM) en Chihuahua, quien era buscado para responder por el incendio de la agencia migratoria de Ciudad Juárez, donde murieron 40 migrantes, fue localizado y detenido.

Los cargos que le fueron imputados son por homicidio doloso, lesiones dolosas y ejercicio indebido del servicio público. Por ello, el juez dictó prisión preventiva en su contra.

González Guerrero deberá permanecer en el Centro de Reinserción Social (Cereso) número 3 de Ciudad Juárez hasta la audiencia de vinculación a proceso que habría sido programada para el próximo viernes 21 de abril en las instalaciones del Poder Judicial Federal en el municipio.

Medios locales señalaron que la defensa del funcionario solicitó al juez que este pudiera continuar con el procedimiento en arraigo domiciliario, debido a la afección de su estado de salud por diabetes, aunque la autoridad negó dicha posibilidad al asegurar que recibirá atención médica en caso de ser necesario.

Así mismo, se argumentó que el militar en retiro corre riesgo al permanecer en el Cereso por posibles represalias de migrantes que se encuentran encarcelados, a lo que el juez manifestó que se salvaguardará en todo momento la seguridad del delegado del INM.

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que tanto el exmilitar retirado como Juan Carlos Meza Cumplido, coordinador del Grupo Beta de Protección a migrantes; Eduardo Apodaca Magallanes, jefe de recursos materiales del INM en Ciudad Juárez; así como Cecilia Rivera Tena, agente de migración “b”, son responsables directos por la muerte de las 40 personas.

De acuerdo a la Fiscalía, el delegado habría dado la orden de no dejar salir a las víctimas durante el incendio. Cabe señalar que el militar en retiro se había amparado, pero el amparo no procedió por ser delitos que causan prisión preventiva oficiosa.