María Elena Álvarez-Buylla dijo que fideicomisos creados con Fox se manejaron de forma opaca y se incrementaron en los sexenios siguientes, en beneficio de empresas privadas.

La directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla justificó que la reforma a la ley de la ciencia se aprobara en “fast track” porque era necesaria y urgente. Reiteró que el Conacyt no desaparecerá, como se dijo erróneamente en días pasados, sino que con esta transformación profunda se fortalecerá y tendrá un “enfoque más social y humanista, de acuerdo con el gobierno federal”.

Sin embargo, la nueva ley plantea la sustitución del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt).

En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Álvarez-Buylla expuso los fideicomisos creados durante la administración del ex presidente Vicente Fox, dijo que estos fueron manejados de manera opaca en los siguientes sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, quienes aumentaron los recursos de estos fondos, pero en beneficio de empresas privadas.

“Las empresas no solamente recibían estos recursos con pretexto de la innovación a fondo perdido, sin que, como veíamos, tuvieran algún beneficio para el país, que además recibían recursos a partir de las instituciones de educación superior en forma de talento de apoyos para su negocio”, señaló la titular de Conacyt.

La funcionaria manifestó que con la 4T se han incrementado el número de becas y apoyos a los profesionistas en el país, con el otorgamiento de más de 25 mil becas.

La iniciativa de Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LGHCTI) que fue aprobada tanto por la Cámara de Diputados como por la Cámara de Senadores, sin debates ni discusiones, nunca tuvo el respaldo de la comunidad científica.

Organizaciones científicas han manifestado que esta ley instala una Agenda Nacional que dictará las prioridades de investigación en el país, discrimina a especialistas adscritos a instituciones privadas, resta autonomía a los centros públicos de investigación, menoscaba la propiedad intelectual y militariza la ciencia al incorporar a la Secretaría de Marina y la Defensa Nacional a la Junta de Gobierno del Conacyt.

Ayer, al menos tres facultades y un Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como estudiantes del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) llamaron a un paro de 24 horas contra la aprobación de la nueva Ley de Ciencia y Tecnología aprobada en el Senado de la República.