La propuesta busca añadir un párrafo cuarto al artículo 282 del Código Penal Federal, que establecería que «se aumente la pena hasta en una mitad cuando el delito de amenazas sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones». Esto implicaría un aumento de la pena de cuatro a ocho años de prisión y de 100 a 300 días de multa, elevando las penas a seis a 12 años y de 150 a 450 días, respectivamente.
Además de las penas mencionadas, la iniciativa también contempla la destitución del empleo y la inhabilitación de uno a diez años para desempeñar cargos públicos para los servidores públicos que incurran en amenazas.
La diputada Pérez Valdez destacó la importancia de combatir la corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y subrayó que tipificar esta conducta delictiva de los servidores públicos es esencial para fortalecer las instituciones y prevenir los vicios en la gestión pública.
La legisladora enfatizó que esta iniciativa es un paso fundamental para cumplir con los compromisos asumidos por México en tratados internacionales contra la corrupción, como la Convención de las Naciones Unidas y la Convención Interamericana contra la Corrupción.
En su exposición de motivos, Pérez Valdez citó el Código de Ética de la Administración Pública Federal, que destaca la importancia de respetar y proteger los derechos humanos en el ejercicio del servicio público.
La propuesta ha sido remitida a la Comisión de Justicia para su análisis y dictamen. Con esta iniciativa, se busca garantizar la integridad y los derechos de los ciudadanos al promover un ambiente en el que los servidores públicos cumplan sus obligaciones de manera transparente y responsable.
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