Pagará IEPCJ más de 2.5 millones de pesos a Hagamos por prerrogativas de diciembre de 2022

En sesión, el Consejo del IEPC explicó que los tribunales electorales ordenaron al Instituto pagar estas prerrogativas con recursos propios

Porque si no cumplen podrían caer en desacato, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Jalisco tendrá que entregar con recursos propios al partido político Hagamos, la cantidad de dos millones 523 mil pesos correspondientes a las prerrogativas de diciembre de 2022 ante la orden del Tribunal Electoral estatal y la Sala Regional, la consejera presidenta, Paula Ramírez Höhne explicó que esto se debe a la omisión del Congreso del estado de aprobar un presupuesto suficiente para cumplir con las obligaciones con las fuerzas políticas.

“En este caso la omisión original ocurrió en el Congreso que autorizó un presupuesto para el financiamiento público de los partidos políticos para el 2022, 22.6 millones de pesos menos al aprobado por este Consejo General, que como sabemos es la única autoridad facultada para calcular y aprobar el presupuesto de los partidos, al no aprobar la suficiencia presupuestal el Congreso, la Secretaría de Hacienda también se declaró imposibilitada para entregar los recursos al IEPC para su administración a los partidos.”

La titular del IEPCJ relató que este organismo cumplió con todos los recursos legales para garantizar que los partidos políticos tuvieran sus prerrogativas en tiempo y forma, pero ante la reducción presupuestal aplicada por el Congreso y pese a obtener dos subsidios extraordinarios en 2022, quedó sin pago lo correspondiente a diciembre de ese año para el partido Hagamos.

Ante esto, el partido político local acudió a los tribunales electorales que terminaron por darle la razón y un año después, están obligando al IEPC que pague los más de dos millones y medio de pesos.

Lo inédito de esta historia, es que se trata de la primera ocasión en que un Instituto Estatal se ve obligado a utilizar recursos propios para cumplir con una sentencia de un tribunal, advirtió Ramírez Höhne.

El acuerdo fue aprobado por unanimidad, aunque las consejeras Silvia Guadalupe Bustos y Zoad Jeanine realizaron observaciones señalando que “no les quedaba de otra” que acatar lo ordenado por la autoridad judicial, mostrando un tanto su inconformidad por este golpe financiero al Instituto sobre todo porque ocurre en pleno proceso electoral.