La Fiscalía Anticorrupción de Jalisco investiga posibles omisiones de servidores públicos durante el aseguramiento del «Rancho Izaguirre», en Teuchitlán, señalado como campo de exterminio clandestino.
Se revisa si autoridades estatales y federales actuaron correctamente, ya que colectivos denunciaron que el rancho quedó sin vigilancia tras el operativo inicial, lo que habría facilitado la pérdida o alteración de evidencia.
Entre las irregularidades están la falta de custodia del lugar y discrepancias en la evidencia presentada oficialmente. La Fiscalía llamará a declarar incluso a exfuncionarios, según avance la investigación.
El fiscal anticorrupción reconoció la ausencia estatal y lamentó que sean las familias quienes asuman la búsqueda de desaparecidos.
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