Tensiones entre ejidatarios y autoridades

Tensiones entre ejidatarios y autoridades, ejidatarios exigen pago pendientes de aproximadamente 300 millones de pesos, autoridades federales se comprometen al pago en 30 días.

La autopista, inaugurada completamente en marzo de 2024 y con su último tramo de Bucerías-Puerto Vallarta abierto en diciembre de 2024, ha sido un proyecto de gran relevancia, pero los pagos a los ejidatarios han sido un punto de conflicto desde el inicio de la construcción en 2011.

Esto generó que este miércoles decenas de ejidatarios alzarán la voz para exigir a las autoridades federales el pago pendiente por concepto de indemnizaciones por afectaciones derivadas de la construcción de la nueva autopista.

Los adeudos, aseguran, datan desde 2014 y hasta la fecha no han sido resueltos. Ejidatarios protestan que el gobierno federal tiene adeudos de aproximadamente 300 millones de pesos con ejidos de la región que empezaron desde el 2014, con la construcción de la nueva autopista Guadalajara-Vallarta que afectó sus tierras.

Y aunque finalmente autoridades y ejidatarios firmaron una minuta de compromiso de pago el cual refleja un avance en la resolución de las demandas de los afectados, aunque la efectividad del cumplimiento dependerá de la ejecución de los pagos prometidos.

Es crucial que el gobierno cumpla con estos pagos, ya que la falta de compensación a los ejidatarios no solo es una injusticia, sino que alimenta la desconfianza en las instituciones y puede escalar en conflictos sociales mayores. Es fundamental cuestionar si los plazos prometidos se respetan o si son solo una táctica para desmovilizar las protestas.

Esta situación refleja tensiones entre el crecimiento económico, los derechos agrarios y la sostenibilidad ambiental en una región transformada por el turismo.

La cercanía del aeropuerto y la presión del desarrollo turístico han complicado la situación, ya que las tierras son codiciadas para proyectos inmobiliarios y turísticos, pero la geografía por la cercanía del río Ameca y conflictos legales han frenado algunos megaproyectos.