Congreso de Jalisco desecha suspensión de alcaldes de varios municipios de Jalisco

Los alcaldes de Puerto Vallarta, Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco y otros cuatro municipios evitaron ser sancionados, luego de que la Comisión de Gobernación del Congreso de Jalisco determinara que no existían elementos suficientes para justificar la suspensión.

La Comisión de Gobernación y Fortalecimiento Municipal del Congreso de Jalisco, presidida por la diputada panista Claudia Murguía, aprobó por unanimidad declarar improcedente la solicitud del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado, que pedía suspender por 15 días sin goce de sueldo a varios presidentes municipales de Jalisco.

Tras revisar 42 dictámenes relacionados con juicios laborales, la comisión concluyó que no existían elementos suficientes para justificar la sanción. Entre los alcaldes que estuvieron sujetos a análisis se encuentran Luis Munguía (Puerto Vallarta), Verónica Delgadillo (Guadalajara), Juan José Frangie (Zapopan), Quirino Velázquez (Tlajomulco), Sergio Chávez (Tonalá) y Laura Imelda Pérez (Tlaquepaque), así como los ediles de Cihuatlán, El Salto, Tala y Unión de San Antonio.

La solicitud de suspensión derivó del supuesto incumplimiento del laudo laboral 1197/2009-D1. Sin embargo, la comisión determinó que los elementos presentados no justificaban una sanción.

Cabe recordar que esta comisión tiene la facultad de suspender a presidentes municipales por faltas graves, como el incumplimiento de laudos laborales, conforme al artículo 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Existen antecedentes relevantes en este sentido. En 2016, el Congreso de Jalisco aprobó la suspensión de los alcaldes de Gómez Farías y Magdalena por no cumplir con el pago de laudos laborales. En aquel entonces, se otorgaron 15 días para presentar argumentos en su defensa antes de aplicar la sanción.

En 2022, Antonio Porfirio Casillas Díaz, alcalde de Tala, fue suspendido por 15 días sin goce de sueldo tras no acatar un laudo laboral pendiente desde 2005. Este caso es uno de los pocos en los que se ha concretado una suspensión durante la actual legislatura.