Diputados aprueban Leyes sobre Desaparición Forzada y Guardia Nacional

Diputados aprueban Leyes sobre Desaparición Forzada y Guardia Nacional, las reformas están enfocadas en fortalecer la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas.

 

La Cámara de Diputados de México aprobó en lo general y en lo particular reformas significativas a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como a la Ley General de Población, enfocadas en fortalecer la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas. Además, se aprobó una nueva Ley de la Guardia Nacional, consolidando su estructura bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Las reformas a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada fueron aprobadas con 438 votos a favor de Morena, PAN, PVEM, PT y MC, y 38 en contra, principalmente del PRI y la diputada Laura Hernández de Movimiento Ciudadano.

Mientras que la reforma a la Ley General de Población, que incluye la CURP biométrica, obtuvo 340 votos a favor de Morena, PT y PVEM, 104 en contra del PAN y PRI y 24 abstenciones de MC.

Se aprobó la creación de una plataforma centralizada que integra la CURP biométrica para monitorear en tiempo real cualquier movimiento, registro o actualización que pueda facilitar la búsqueda de personas desaparecidas.

También se creará una Base Nacional de Carpetas de Investigación la cual garantiza un registro unificado y sin demoras de denuncias por desaparición, eliminando vacíos de información.

La Comisión Nacional de Búsqueda emitirá un protocolo para activar alertas inmediatas, agilizando la localización temprana de personas desaparecidas.

Además se establece la obligación de contar con fiscalías especializadas en desaparición, con personal capacitado en investigación, análisis de contexto, atención a víctimas y búsqueda inmediata.

Incorpora herramientas tecnológicas, como perfiles genéticos y datos biométricos, para mejorar la identificación forense. Se obliga a servicios periciales a realizar pruebas dactiloscópicas y genéticas en un plazo máximo de tres días antes de remitir restos a fosas comunes.

Una de las aportaciones más importantes a esta reforma es que se refuerzan sanciones contra autoridades que omitan actuar o permitan estos delitos, ampliando la responsabilidad penal.

Morena y sus aliados defendieron las reformas como un avance para garantizar el derecho a la verdad, justicia y reparación integral, destacando la coordinación interinstitucional y el uso de tecnología.

Mientras que la oposición, calificaron las reformas como una “simulación” que no aborda la crisis de fondo y podría facilitar el espionaje a través de la CURP biométrica.

La diputada panista por Jalisco, Paulina Rubio exigió resultados concretos y criticó la falta de piezas fundamentales en la legislación, expresó preocupación por la posible disminución de denuncias si se elimina el reporte administrativo por desaparición.

En la misma sesión de pleno, la Cámara de Diputados aprobó una nueva Ley de la Guardia Nacional en donde se destaca su estructura militar y que consolida como una fuerza de seguridad pública permanente, dependiente de la Sedena, integrada por personal militar con formación policial y personal civil para funciones técnicas.

Se otorgan atribuciones de inteligencia y vigilancia, originalmente previstas para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, lo que ha generado controversia por el reforzamiento de su carácter militar.

La oposición y organismos como la ONU-DH criticaron la militarización de la Guardia Nacional, argumentando que carece de controles civiles y podría representar un retroceso en derechos humanos.

La militarización de la Guardia Nacional y el uso de datos biométricos en la CURP han generado debates sobre privacidad y derechos humanos, con acusaciones de un posible “gobierno espía” por parte de la oposición.

Las reformas aprobadas representan un esfuerzo por fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas mediante tecnología y coordinación, pero enfrentan críticas por posibles riesgos a la privacidad y la falta de medidas preventivas efectivas.

La nueva Ley de la Guardia Nacional consolida su rol militar, generando preocupaciones sobre derechos humanos.