Vinculan a proceso a exlíder sindical del IPEJAL por abuso de autoridad

Pablo Israel “N”, exsecretario general del SUTIPEJAL, es acusado de solicitar 200 mil pesos a un exservidor público para tramitar su jubilación.

El exauxiliar del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL) y exsecretario general del Sindicato Único de Trabajadores del organismo (SUTIPEJAL), Pablo Israel “N”, fue vinculado a proceso por el delito de abuso de autoridad.

La resolución se tomó este 19 de septiembre en los juzgados de Puente Grande, donde el juez de Control y Oralidad, Jorge Reynaldo Rojo Enríquez, determinó que el exdirigente sindical deberá enfrentar proceso judicial luego de ser señalado por solicitar 200 mil pesos a un exservidor público para agilizar su trámite de jubilación.

Según la carpeta de investigación, en febrero de 2023 el acusado recibió un adelanto de 50 mil pesos del denunciante, con quien mantuvo comunicación hasta julio de 2024, cuando dejó de responder y posteriormente bloqueó su número telefónico. Ante ello, la víctima presentó denuncia en noviembre de 2024 ante el Órgano Interno de Control del IPEJAL, que a su vez dio vista a la Fiscalía Anticorrupción.

El exlíder sindical ya enfrenta otro proceso penal. En agosto pasado fue detenido por los delitos de ejercicio indebido y abandono del servicio público, luego de que se detectara que desde octubre de 2024 no acudía a trabajar. En ese caso obtuvo suspensión condicional tras comprometerse a pagar 345 mil pesos, de los cuales 330 mil 400 pesos fueron para el IPEJAL y 15 mil pesos al área de cancerología infantil del Hospital Civil de Guadalajara.

Durante la audiencia más reciente, Pablo Israel “N” ofreció pagar 50 mil pesos como reparación del daño a la víctima y solicitó nuevamente una suspensión condicional. No obstante, la Fiscalía Anticorrupción se opuso al considerar improcedente el beneficio por haberle sido concedido ya en el otro proceso. El juez coincidió con el argumento y rechazó la solicitud, aunque sí autorizó la reparación económica en favor de la persona afectada.

Como medidas cautelares, el exdirigente sindical deberá firmar periódicamente, tiene prohibido salir del país sin autorización judicial y no podrá acercarse a la víctima ni a los testigos durante los próximos seis meses.