La entidad michoacana se consolida como uno de los focos rojos de la inseguridad en el país, con un repunte de ejecuciones ligadas al crimen organizado que evidencian la disputa territorial entre cárteles como Los Viagras, el Cártel Jalisco Nueva Generación, La Nueva Familia Michoacana y remanentes de Los Caballeros Templarios.
En las últimas horas, el doble homicidio de Alejandro Torres Mora, productor de limón y sobrino del exlíder de autodefensas Hipólito Mora Chávez, junto con su esposa, en la comunidad de La Ruana, municipio de Buenavista, resalta la vulnerabilidad de la región Tierra Caliente.
Torres Mora, conocido como «Cano», fue ejecutado dentro de su domicilio la madrugada del 1 de noviembre, presentando huellas de tortura, según denuncias de familiares.
Guadalupe Mora, tío de la víctima y jefe de tenencia en La Ruana, atribuyó el ataque a integrantes de Los Viagras, desmintiendo versiones iniciales de un enfrentamiento con fuerzas federales.
La esposa de Torres, quien recientemente había regresado de Estados Unidos, también perdió la vida en el atentado.
Este crimen marca el tercero en la familia Mora: Manuel Mora Torres, hijo de Hipólito fue asesinado en 2014, y el propio Hipólito Mora en junio de 2023, ambos presuntamente por el mismo grupo criminal.
El asesinato ocurre en un contexto de escalada violenta en Michoacán, donde la extorsión a productores agrícolas, particularmente limoneros y aguacateros, es un negocio millonario para los cárteles. Apenas 12 días antes, Bernardo Bravo, líder de citricultores en Apatzingán, fue ejecutado.
El mismo 1 de noviembre, Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan —principal exportador de aguacate—, fue baleado durante el Festival de Las Velas, sumándose a una lista de siete presidentes municipales asesinados en el estado desde 2021.
La región Tierra Caliente, epicentro histórico de autodefensas surgidas en 2013 contra Los Caballeros Templarios, vive un resurgimiento de la violencia pese a operativos federales. Familiares de Torres Mora exigen justicia y critican la retirada de filtros de seguridad, lo que facilitaría el ingreso de sicarios.
Autoridades estatales y federales han desplegado refuerzos, pero la fragmentación de cárteles y alianzas como Cárteles Unidos agravan el conflicto.
Manifestaciones en Morelia y Uruapan claman por el fin de la impunidad, mientras el gobierno federal atribuye parte del problema a estrategias fallidas de sexenios pasados.
La Fiscalía General del Estado investiga los hechos, pero hasta ahora no hay detenidos. Michoacán, con su riqueza agrícola, sigue atrapado en un ciclo de sangre que afecta a productores, autoridades y civiles por igual.
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