Un audaz engaño telefónico dejó a la Comisaría de Policía de Techaluta de Montenegro sin su armamento completo ni cerca de 200 mil pesos de la Tesorería Municipal, al ser entregados a supuestos criminales bajo la premisa de cubrir una «multa» ordenada por el alcalde Alfredo Sánchez.
De acuerdo con la información preliminar revelada por la Fiscalía del Estado de Jalisco, el incidente inició alrededor de las 3:00 horas, cuando un individuo se contactó con los elementos de la comisaría haciéndose pasar por un empleado de la Contraloría Municipal.
El estafador, con voz autoritaria, les notificó sobre una supuesta sanción administrativa pendiente contra el alcalde, que requería el pago inmediato de una multa para evitar repercusiones legales.
Siguiendo las instrucciones del impostor, los policías reunieron el efectivo disponible en las arcas municipales —aproximadamente 200 mil pesos— y procedieron a transferirlo a diversas cuentas bancarias proporcionadas durante la llamada.
Posteriormente, se les ordenó destruir todos los comprobantes de las transacciones para «evitar registros innecesarios», lo que complicó aún más el rastreo de los fondos.
No contento con el desfalco financiero, el delincuente exigió la entrega de las nueve armas de fuego con las que contaba la corporación policial, incluyendo pistolas y fusiles de diversos calibres.
Los uniformados, convencidos de la legitimidad de la orden, empaquetaron el arsenal y lo enviaron en un taxi hacia «Zapopan», Jalisco. Sin embargo, el vehículo hizo una parada intermedia en Zacoalco de Torres, donde los ocupantes, presuntamente cómplices de la estafa, recogieron las armas y desaparecieron.
La farsa se destapó la mañana del viernes 5 de diciembre, cuando los policías contactaron al alcalde Alfredo Sánchez y al personal de la Contraloría para confirmar el pago de la multa. Tanto el munícipe como los funcionarios negaron cualquier conocimiento de la sanción, alertando de inmediato a las autoridades estatales.
La Fiscalía General del Estado de Jalisco confirmó el hecho en un comunicado emitido el sábado 6 de diciembre, calificándolo como un caso de fraude y posible robo agravado.
Hasta el momento, no se ha reportado la recuperación de los fondos ni de las armas, y las investigaciones apuntan a una posible red organizada dedicada a estafas telefónicas dirigidas a instituciones públicas.
Elementos de la Policía Ministerial del Estado y peritos en ciberdelincuencia se encuentran analizando las grabaciones de las llamadas y las cuentas bancarias involucradas para identificar a los responsables.
El alcalde Sánchez expresó su consternación en redes sociales, donde lamentó el incidente y reiteró el compromiso de su administración por fortalecer los protocolos de verificación en la policía local.
«Esto no solo afecta nuestra capacidad operativa, sino la seguridad de nuestra comunidad. Exigimos justicia y mayor capacitación para evitar estos engaños», declaró.
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