La Procuraduría Agraria anunció recientemente la suspensión de términos legales, trámites, servicios y recepción de documentos en todas sus oficinas a nivel nacional, del 2 al 30 de enero de 2026, coincidiendo con un cambio de domicilio institucional.
La interrupción afecta directamente a los servicios agrarios, generando parálisis en procedimientos esenciales para ejidatarios y comuneros.
Esta suspensión de casi un mes completo no es un hecho aislado, sino un síntoma más de la desatención crónica que el Gobierno Federal ha mostrado hacia el sector rural.
En un momento en que el campo mexicano atraviesa una crisis profunda —marcada por bajos precios de granos, altos costos de producción, dependencia creciente de importaciones, inseguridad rural rampante y ahora más recortes presupuestales para 2026.
Paralizar los servicios de la PA equivale a dejar en el desamparo a millones de dueños de terrenos ejidales.
La Procuraduría Agraria, encargada por ley de defender los derechos de ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, debería ser un pilar de certidumbre jurídica en el campo.
Sin embargo, medidas como esta suspensión prolongada generan incertidumbre en regiones donde la inseguridad ya ha provocado que más de 500 mil productores dejen de sembrar, una institución inoperable agrava la vulnerabilidad de los núcleos agrarios.
El Gobierno Federal presume avances en programas asistenciales, pero el presupuesto para el sector agropecuario en 2026 es uno de los más bajos en una década, con recortes que eliminan apoyos históricos como Procampo y priorizan transferencias directas con bajo impacto productivo.
Mientras miles de agricultores protestan por la «tormenta perfecta» de factores que desploman la rentabilidad, de más del 50% en 2022 a apenas 12% en 2025, el gobierno de Claudia Sheinbaum parece conceder al campo solo interrupciones administrativas y mudanzas burocráticas.
México necesita una Procuraduría Agraria seria, estable y eficiente, no sujeta a parálisis mensuales que dejan expuestos a los más vulnerables.
Los dueños de terrenos ejidales merecen certidumbre para invertir, producir y defender su patrimonio, no señales de que el campo sigue siendo la última prioridad de la llamada Cuarta Transformación Si no se revierte este abandono, la soberanía alimentaria y la paz rural seguirán en riesgo.
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