La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo designó a Francisco Garduño Yáñez, excomisionado del Instituto Nacional de Migración, como Director General de Centros de Formación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Pública, una unidad clave adscrita a la Subsecretaría de Educación Media Superior.
El anuncio, hecho por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, ha desatado controversia al calificar a Garduño como un “funcionario ejemplar” y destacar que su incorporación será “fundamental” para la reforma educativa en media superior, especialmente en la implementación del Bachillerato Nacional y la actualización de programas alineados al Plan México.
Sin embargo, el nombramiento se interpreta en amplios sectores como un premio o recompensa a Garduño pese a su vínculo directo con la tragedia del incendio en la estación migratoria del INM en Ciudad Juárez.
Ese hecho provocó la muerte de 40 migrantes que quedaron encerrados en celdas sin poder escapar, además de 27 heridos.
La investigación reveló negligencias graves: sobrepoblación, falta de protocolos de emergencia, puertas cerradas con candados y omisiones en la vigilancia.
Garduño enfrentó cargos por ejercicio ilícito del servicio público y omisiones. En abril de 2025, obtuvo una suspensión condicional del procedimiento penal, condicionada a ofrecer una disculpa pública y otras medidas reparatorias.
Organizaciones de derechos humanos, familiares de víctimas y activistas han denunciado este desenlace como impunidad y falta de rendición de cuentas, argumentando que la suspensión evita un juicio pleno y responsabilidades definitivas.
Organizaciones migrantes y de derechos humanos expresaron preocupación por el nombramiento, considerándolo una señal de falta de justicia y normalización de la negligencia en temas de migración y seguridad.
El PRI y otros sectores opositores lo han calificado como reflejo de “cero rendición de cuentas” en el actual gobierno. En redes sociales y medios, abundan críticas que cuestionan la calificación de “funcionario ejemplar” ante un historial marcado por esta tragedia, quejas ante la CNDH por abusos en el INM y señalamientos de desvíos de recursos.
La DGCFT administra una amplia red de centros de capacitación laboral para fomentar habilidades técnicas y acceso al empleo, pero el foco público se centra en el contraste entre el cargo y el pasado de Garduño.
El caso revive el debate sobre la promesa de “cero impunidad” en el gobierno, sin embargo, continúan los nombramientos que premian a funcionarios ligados a tragedias evitables, mientras las víctimas y la sociedad exigen justicia plena. La designación, lejos de cerrar capítulos, los reabre con fuerza.
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