El diputado local sin partido Alejandro Puerto Covarrubias anunció la interposición del primer juicio de amparo contra el aumento a la tarifa del transporte público en Jalisco, conocido como «tarifazo», que elevará el costo de 9.50 a 14 pesos a partir del 1 de abril de 2026.
El amparo fue presentado ante un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa. Puerto destacó que este primer recurso se apoya en madres autónomas que cuidan a hijos con autismo o discapacidades, argumentando que el incremento les afecta de manera desproporcional al elevar los gastos en traslados para atención médica y cotidiana.
El legislador acusó al gobernador Pablo Lemus Navarro de exceder sus facultades al autorizar el ajuste mediante el Comité Técnico Tarifario, sin intervención del Congreso del Estado.
Según Puerto, la definición de tarifas corresponde al Poder Legislativo por principio de reserva de ley, y la decisión viola la división de poderes.
Puerto planea un amparo colectivo, recolección de firmas con una meta de 50 mil y una acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional, cuestionando también el contrato multianual con Broxel sin aval legislativo. Otras fuerzas opositoras impulsan referéndum, revocación de mandato y movilizaciones.
El gobernador Lemus ha defendido el ajuste como necesario para actualizar el costo real, prometiendo no más incrementos en lo que resta de su administración y acuerdos específicos, como tarifa de 5 pesos para estudiantes universitarios.
Este caso refleja tensiones por la transparencia, impacto en la economía familiar (especialmente en grupos vulnerables) y el rol de los poderes en decisiones de servicios públicos en Jalisco, donde más del 50% de la población depende del transporte público.
El amparo busca suspender el incremento, aunque algunos críticos señalan limitaciones en sus efectos generales por reformas previas a la ley de amparo.
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