El diputado federal de Morena Carlos Palacios ha planteado retirar facultades al Consejo Regulador del Tequila argumentando que este organismo concentra atribuciones que deberían corresponder al Estado.
Esta propuesta surge en el contexto de la crisis en el sector agave-tequila, particularmente por la sobreproducción de agave, la caída histórica de su precio y problemas como los intermediarios que perjudican a productores primarios.
El diputado advierte que el CRT, aunque es una asociación civil sin fines de lucro encargada de certificar y salvaguardar la Denominación de Origen del Tequila, ejerce funciones regulatorias que considera propias del gobierno federal.
El CRT ha respondido calificando propuestas similares como inconstitucionales, ya que intentan imponer obligaciones a una entidad privada. El CRT defiende su rol en inspecciones, certificación y protección de la calidad del tequila, y argumenta que no resuelven los problemas de fondo como la sobreoferta.
Esta iniciativa se enmarca en debates más amplios sobre regulación estatal vs. organismos privados en industrias protegidas por denominaciones de origen, y ha generado rechazo en sectores tequileros que ven al CRT como garante de estándares internacionales.
El Consejo Regulador del Tequila es el organismo encargado de vigilar que cada botella que lleva el nombre «Tequila» sea auténtica y cumpla con los estándares de calidad.
Fundado en 1994, funciona como el «brazo técnico» del gobierno mexicano para proteger esta bebida.
El CRT es el único organismo acreditado para verificar el cumplimiento de la NOM-006-SCFI-2012 (la norma oficial del tequila).
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