Dos elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco recibieron sanciones administrativas tras ser detectados retirando fichas de búsqueda de personas desaparecidas que habían sido colocadas en mobiliario urbano por colectivos de familiares y organizaciones civiles.
El hecho generó indignación entre colectivos de búsqueda, ya que estas fichas representan una herramienta clave en la difusión y localización de personas desaparecidas en un contexto donde Jalisco registra altas cifras de desapariciones.
Videos y testimonios captaron a los agentes en la acción, lo que derivó en una revisión interna por parte de la dependencia.
Aunque en incidentes previos similares, el entonces gobernador Enrique Alfaro indicó que retirar tales cédulas «no era función de los policías» y minimizó el impacto calificándolo como «no grave», ordenando que no se repitiera, en este caso específico se aplicaron sanciones formales a los involucrados.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco y colectivos como Luz de Esperanza han documentado quejas recurrentes por retiros similares, argumentando que obstaculizan el derecho a la verdad, la justicia y la búsqueda efectiva de personas desaparecidas.
Este tipo de acciones por parte de autoridades contrastan con las obligaciones del Estado mexicano en materia de derechos humanos, donde la difusión de fichas de búsqueda es una medida reconocida para visibilizar casos y presionar por respuestas institucionales.
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