La presidenta del Partido Revolucionario Institucional en Jalisco, Laura Haro, exigió al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana revisar el expediente del diputado local Leonardo Almaguer Castañeda y verificar sus requisitos de elegibilidad para ocupar cargos de elección popular.
Durante una rueda de prensa, Haro señaló que Almaguer, quien actualmente funge como diputado por el Partido del Trabajo —aliado de Morena— y representa el distrito 13 por mayoría relativa, cuenta con antecedentes penales públicos y declaraciones que obligan a abrir un debate sobre la idoneidad de quienes acceden a puestos públicos.
La dirigente priista recordó que la legislación actual permite el registro de candidatos mediante el cumplimiento de requisitos formales y la presentación de declaraciones bajo protesta de decir verdad, incluyendo la ausencia de condenas por delitos.
Sin embargo, enfatizó que la falsedad en estas declaraciones constituye un delito, por lo que solicitó al IEPC el análisis del expediente correspondiente para determinar si hubo irregularidades en el proceso de registro.
Haro subrayó que el tema trasciende aspectos legales y normativos, al tratarse de un asunto de principios morales y éticos. “No puede ser que haya impresentables al frente de una responsabilidad tan importante como la de legislar, ni que personas con antecedentes penales tomen decisiones por todas y todos los jaliscienses”, afirmó.
En este contexto, la presidenta del PRI Jalisco propuso reformas legislativas para endurecer los requisitos de elegibilidad en cargos como diputado, senador, presidente municipal, regidor o presidente de la República.
Entre las medidas planteadas destacó la inclusión obligatoria de exámenes de control y confianza —como pruebas toxicológicas, psicométricas y de antecedentes— para aspirantes a candidaturas, aun cuando la ley vigente no lo exija actualmente.
Finalmente, Laura Haro reiteró el compromiso del PRI de mantener este tema en el debate público y legislativo, impulsando las acciones necesarias para modificar la normativa y prevenir que personas con antecedentes delictivos ocupen cargos de representación popular.
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