La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama y su esposo Omar Terrazas García han sido señalados desde enero de 2024 en reportes periodísticos en Estados Unidos como sujetos de investigación por la DEA y el Departamento del Tesoro por presunto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y posibles nexos con el crimen organizado.
Las acusaciones se basan en supuestas solicitudes de información sobre propiedades, cuentas y activos en Estados Unidos y en Europa, incrementos patrimoniales desproporcionados y movimientos en efectivo detectados por la UIF/FGR en México, con colaboración DEA.
En Cancún, durante su periodo como alcaldesa de Benito Juárez, Lezama realizó pagos en efectivo desproporcionados a empresas familiares usadas para adquirir bienes subvaluados.
Así mismo la periodista Anabel Hernández mencionó una investigación de Estados Unidos contra Lezama por presuntos nexos con el crimen organizado, activando «alerta roja».
Diversas voces señalan que están «en la lista» de la DEA aunque la propia Lezama ha rechazado las acusaciones como «guerra sucia» política con desinformación.
Mara Lezama se une a la lista de políticos relacionados con Morena y con señalamientos de corrupción y nexos con el Narcotráfico, en e esa lista aparecen Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California, y su esposo Carlos Torres con la Visa revocada en 2025; señalados en listas de posibles vínculos con narco y corrupción.
Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, que ha sido mencionado en reportes de nexos con Cártel de Sinaloa y financiamiento de campañas.
Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas es otro que aparece en listas de «narco-políticos» y presuntos lazos con crimen organizado.
Otros dos que están en la lista son Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, y Layda Sansores, gobernadora de Campeche.
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