La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda de Morena ha estado involucrada en investigaciones junto a su ahora exesposo Carlos Torres Torres, sobre quién la Fiscalía General de la República mantiene una carpeta de investigación abierta en su contra desde julio de 2025.
A Carlos Torres se le acusa de participar en una red que involucra tráfico de armas, narcotráfico, extorsión y lavado de dinero. Se le señala por recibir pagos mensuales aproximados de 150 mil dólares para facilitar operaciones del grupo criminal «Los Rusos» una facción del Cártel de Sinaloa en Baja California.
Carlos Torres ha negado categóricamente las acusaciones, calificándolas de «calumnias» basadas en una denuncia anónima. Por su parte la gobernadora confirmó públicamente la existencia de la investigación en conferencias de prensa a finales de enero de 2026.
Ha expresado confianza en el trabajo de la FGR, describiéndola como una institución «seria» que realizará una investigación profunda y responsable.
Respecto a su exesposo, ha respaldado su derecho a fijar postura pública y evitado pronunciarse directamente sobre su confianza personal en él, enfatizando el proceso legal.
El Sistema Nacional Anticorrupción solicitó en enero de 2026 que la gobernadora se separe temporalmente del cargo para no entorpecer las indagatorias, aunque no hay indicios de que haya procedido a hacerlo.
Mientras que las investigaciones en Estados Unidos se mantienen en secreto luego del retiro de visas a ambos en 2025 y congelamiento de activos.
El caso ha generado polémica en redes y medios, con especulaciones sobre nexos con narcopolítica en la región, pero hasta ahora se basa en la denuncia anónima y no en pruebas públicas concluyentes o sentencias.
En resumen, la investigación activa contra Carlos Torres por parte de la FGR, avanza hacia una imputación formal mientras que Marina del Pilar Ávila continúa en funciones y ha reiterado su respaldo al proceso federal.
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