El silencio ensordecedor de las autoridades mexicanas, tanto del Gobierno Federal como del estado de Nayarit, ante la muerte de al menos ocho y posiblemente hasta once hombres originarios de Bahía de Banderas, Nayarit, en un operativo militar del Comando Sur de Estados Unidos el pasado 16 de febrero de 2026, genera graves cuestionamientos sobre soberanía, transparencia y protección de sus ciudadanos.
El Comando Sur de EE.UU. reportó tres ataques simultáneos contra embarcaciones en el Pacífico Oriental y el Caribe, como parte de su estrategia «Southern Spear» para combatir el narcotráfico y organizaciones consideradas terroristas.
Según su comunicado oficial: cuatro personas murieron en la primera embarcación, cuatro en la segunda y tres en la tercera con un saldo total de 11 fallecidos, sin bajas estadounidenses.
Las autoridades estadounidenses afirmaron que las lanchas transitaban por rutas conocidas de tráfico ilícito, pero no han presentado evidencia pública de la carga, identidades o pruebas concretas de actividades criminales.
Familiares y comunidades de Nayarit confirmaron que al menos ocho de las víctimas eran originarias de Bahía de Banderas, específicamente de localidades como La Cruz de Huanacaxtle y Corral del Risco.
Los nombres reportados incluyen a Edgar “N”, Diego “N”, Pedro Adrián “N”, Luis Carlos “N”, Carlos “N”, Abel “N”, José Francisco “N” y otros.
En las comunidades se han realizado homenajes, misas y concentraciones en memoria de los fallecidos, descritos por muchos como pescadores o trabajadores del mar.
Hasta este sábado, casi una semana después del incidente, ni la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de la Defensa Naciona, la Secretaría de Marina, ni el gobierno de Nayarit han emitido un pronunciamiento oficial detallado.
Ni si quiera la activación de protocolos consulares para investigar las circunstancias o un posicionamiento sobre si las operaciones ocurrieron en aguas internacionales o si violan soberanía mexicana que tanto pregonan.
Este mutismo contrasta con la rápida difusión del caso en medios locales nayaritas, redes sociales y reportajes nacionales, donde se critica la falta de respuesta y se habla de «asesinato» o «ejecuciones extrajudiciales» por parte de fuerzas extranjeras.
En comunidades como La Cruz de Huanacaxtle, el dolor se mezcla con indignación por la ausencia de las autoridades que deberían proteger a sus ciudadanos.
Este silencio no es neutral: es cómplice. En un contexto donde EE.UU. ha intensificado operaciones unilaterales en el Pacífico con más de 145 muertes reportadas desde septiembre de 2025 en ataques similares, la pasividad mexicana refuerza percepciones de subordinación en la lucha antinarcóticos.
La omisión oficial deja a las familias sin respuestas, a la opinión pública sin claridad y a la soberanía nacional en entredicho. Mientras comunidades nayaritas lloran a sus muertos y temen por su seguridad en el mar, el Gobierno Federal y estatal permanecen callados.
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