La resolución unánime de la Sala Superior del TEPJF que cerró el caso de los sobres amarillos de Pío López Obrador es un ejemplo flagrante de impunidad selectiva.
Los videos muestran a Pío recibiendo fajos de billetes en sobres amarillos de David León. AMLO mismo admitió que eran aportaciones en efectivo para el movimiento.
El propio expresidente Andrés Manuel López Obrador reconoció públicamente que se trataba de aportaciones en efectivo para su movimiento político, lo que en cualquier democracia mínimamente seria habría desencadenado una investigación exhaustiva por financiamiento paralelo e irregular a campañas.
Aun así, el tribunal dictaminó que no hay prueba suficiente de que el dinero fuera para campañas de Morena: los videos carecen de valor probatorio pleno y no hay rastro documental que lo vincule. Caso archivado. Nada que ver.
Esta absolución técnica revela el verdadero propósito de la Reforma Judicial impulsada por la 4T: no democratizar el Poder Judicial, sino colonizarlo con jueces y magistrados alineados al poder.
Por eso la elección popular de ministros y magistrados, los acordeones y el discurso de “limpiar” el sistema: se buscaba un tribunal que, ante evidencias incómodas, declare “insuficiencia probatoria” y proteja a los cercanos.
Mientras para opositores cualquier indicio abre carpetas, para el círculo íntimo basta alegar dudas técnicas para blindarse. El TEPJF no aplicó justicia ciega; aplicó justicia conveniente.
La reforma no fortaleció la democracia: la subordinó al Ejecutivo. Y el caso Pío lo demuestra con crudeza. México merece un Poder Judicial que incomode al poder, no que lo cubra como en este caso lamentablemente, lo están logrando.
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