Más de 80 de los 125 municipios de Jalisco se quedarán sin obras hídricas este año debido a la reasignación de recursos de la Comisión Estatal del Agua hacia el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, con el fin de atender la crisis de calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara.
El director general de la CEA, Mario López Pérez, reveló esta información durante la sesión de la Junta de Gobierno del SIAPA celebrada recientemente. Según López Pérez, la prioridad establecida por el gobernador Pablo Lemus Navarro es resolver los problemas de agua sucia que afectan al SIAPA, por lo que se destinarán más de mil 100 millones de pesos provenientes de proyectos originalmente previstos para el interior del estado.
«El año pasado nosotros apoyamos con recursos hasta por el poco más de 700 millones de pesos. Ahora este año por instrucción del gobernador, estamos apoyando con 1100 millones esto quiere decir que dejaremos de apoyar, dadas las limitaciones de presupuesto que tenemos, a más de 80 municipios para los cuales teníamos ya proyectos y teníamos ya para ejecutar hoy» indicó el funcionario en referencia a las obras en el resto de Jalisco.
La reasignación fue aprobada por la Junta de Gobierno de la CEA mediante una modificación al Programa Presupuestal de Inversión Pública 2026, con el objetivo de fortalecer la operatividad del SIAPA y mejorar la calidad del agua en la metrópoli.
Estas acciones forman parte del plan del nuevo director del SIAPA, Ismael Jáuregui Castañeda, para atender en el corto, mediano y largo plazo las deficiencias en el tratamiento de aguas residuales y la contaminación que impacta el suministro en la ZMG.
Jalisco enfrenta un rezago histórico en infraestructura hídrica: de las 231 plantas de tratamiento existentes en el estado, al menos 87 operan fuera de norma o están inactivas, lo que contribuye a la descarga de aguas contaminadas en ríos y cuerpos de agua que alimentan el sistema de abastecimiento.
La medida ha generado preocupación entre municipios del interior del estado, que verán suspendidos o pospuestos proyectos de agua potable, alcantarillado y saneamiento.
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