El Ayuntamiento de Yahualica de González Gallo, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado contra la ex alcaldesa Danniela Julemmy Vázquez González y su hermano, el actual regidor priista Édgar Eduardo Vázquez González.
La acusación, interpuesta este 4 de abril de 2026, se basa en presuntos delitos de daño patrimonial al municipio y conflicto de interés.
Se detectaron varias anomalías financieras durante la administración de Vázquez González, entre ellas erogaciones sin comprobar por alrededor de 84 millones de pesos en la Tesorería municipal.
También se encontró un gasto mensual promedio de 1 millón de pesos, superior al estimado de 650 mil, lo que generó un exceso de aproximadamente 12.6 millones en tres años.
Y por ello se derico de la entrega de terrenos municipales valorados comercialmente en unos 50 millones de pesos para saldar una deuda de combustible de alrededor de 19 millones, esto incluyendo intereses de una deuda original de 5 millones desde 2015, ocasionando un presunto daño adicional de unos 31 millones.
Estas irregularidades salieron a la luz tras el cambio de gobierno en 2024-2025, cuando asumió la actual presidenta municipal, Wendy Nadezhda Limón Ruvalcaba. Desde entonces, la administración ha venido recopilando documentación y pruebas para sustentar acciones legales.
La denuncia involucra también al hermano de la ex alcaldesa, Édgar Eduardo Vázquez González, quien funge como regidor por el PRI en el actual cabildo. Esto añade el elemento de posible conflicto de interés en las decisiones tomadas durante y después de la gestión anterior.
Previamente, en 2025, la alcaldesa Limón había mencionado públicamente la necesidad de presentar denuncias una vez que contara con elementos sólidos, y en su primer informe de gobierno aludió a ventas irregulares de terrenos municipales.
Los involucrados han negado las acusaciones en ocasiones anteriores, argumentando que de existir irregularidades graves ya se habrían formalizado denuncias.
Hasta el momento, la Fiscalía Anticorrupción no ha emitido declaraciones públicas sobre el avance de la investigación. Se espera que en los próximos días se detallen los cargos específicos y las pruebas presentadas por el municipio.
Esta denuncia representa el paso formal de las irregularidades detectadas en 2025 a una acción penal, en un municipio donde la transparencia en el manejo de recursos ha sido tema recurrente en los últimos años.
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