Petróleos Mexicanos presentó una denuncia formal contra Virginia Guillén Ávalos, empleada de la empresa, ante la Unidad de Responsabilidades de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
El objetivo es investigar posibles irregularidades patrimoniales y esclarecer el origen de los recursos utilizados en la lujosa fiesta de XV años de su hija, María Fernanda celebrada en marzo de 2026 en Tabasco.
Guillén Ávalos ocupa el cargo de auxiliar técnico “B” en Pemex Exploración y Producción y según datos de la plataforma Nómina Transparente, percibe un salario mensual aproximado de 38 mil pesos, lo que equivale a ingresos anuales reportados de alrededor de 581 mil pesos en su última declaración patrimonial.
A pesar de estos ingresos, la familia organizó una megafiesta que, según estimaciones extraoficiales, costó cerca de 40 millones de pesos.
El evento incluyó la participación de artistas y figuras como Belinda, J Balvin, Galilea Montijo (como conductora), Xavi y Matute, entre otros, lo que generó gran viralidad en redes sociales y cuestionamientos sobre el financiamiento.
Virginia Guillén Ávalos es dueña de varias propiedades, terrenos y un vehículo de lujo algunos adquiridos de contado o sin que se reportara adecuadamente su origen en su declaración patrimonial.
También se menciona que tiene una trayectoria de alrededor de 30 años en la empresa y cuenta con base sindical.
Virginia Guillén Ávalos está casada con Juan Carlos Guerrero Rojas, empresario tabasqueño y contratista de Pemex, parte del patrimonio familiar podría estar vinculado a los ingresos de él, aunque la denuncia se centra en las obligaciones de declaración de la empleada de la paraestatal y posibles inconsistencias entre su sueldo y su estilo de vida.
El director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, confirmó la presentación de la denuncia. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la acción durante su conferencia matutina del 8 de abril de 2026, enfatizando que “no toleramos la corrupción” y que la investigación corresponde a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, así como al órgano interno de control de Pemex, y no solo a la empresa.
La Secretaría Anticorrupción determinará si existen responsabilidades administrativas o si procede una investigación más profunda sobre posible enriquecimiento ilícito o conflictos de interés.
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