Nayarit: La criminalización de la protesta como síntoma de un gobierno a la deriva

Nayarit: La criminalización de la protesta como síntoma de un gobierno a la deriva. La autoridad que necesita usar la fuerza contra sus propios ciudadanos para silenciar críticas, es una autoridad que ha perdido la legitimidad para gobernar.

 

Nayarit ha sido testigo de un episodio que debería encender todas las alarmas en la sociedad civil y en las instituciones democráticas del país.

 

La detención de ciudadanos que se manifestaban en Punta de Mita por parte de la Policía Estatal no es, bajo ningún concepto, una labor de seguridad pública; es una flagrante muestra de abuso de autoridad y una señal inequívoca de la ingobernabilidad que acecha al estado.

 

La narrativa impuesta desde la oficina del gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero es tan preocupante como peligrosa. Al tachar públicamente a los manifestantes de Punta de Mita como «delincuentes», el ejecutivo estatal no solo falta al respeto a quienes gobierna, sino que activa un mecanismo de criminalización de la protesta social.

 

¿Cuál es el verdadero «delito»? Exigir transparencia, defender el acceso público a las playas o cuestionar el modelo de desarrollo inmobiliario en una zona de alto valor turístico no es un acto delictivo; es el ejercicio pleno de derechos constitucionales.

 

La estigmatización como arma: Al etiquetar a los ciudadanos como criminales, el gobernador intenta deslegitimar las causas sociales antes de siquiera escuchar las demandas. Es una táctica de distracción diseñada para evitar el debate sobre los problemas de fondo.

 

El abuso policial: El brazo ejecutor del autoritarismo

Lo ocurrido este martes en Punta de Mita es la materialización de un gobierno que ha dejado de escuchar para pasar a imponer. Ver a la Policía Estatal, una fuerza que debería estar enfocada en combatir la inseguridad real y el crimen organizado, desplegada para amedrentar y arrestar a personas en una protesta pacífica, es una afrenta a la dignidad nayarita.

 

La autoridad que necesita usar la fuerza contra sus propios ciudadanos para silenciar críticas, es una autoridad que ha perdido la legitimidad para gobernar.

 

Este despliegue no solo es un error político, es un abuso de poder en toda regla. Cuando la fuerza pública se utiliza como un garrote contra la ciudadanía, la frontera entre un estado de derecho y un régimen autoritario se desdibuja peligrosamente.

 

La «ingobernabilidad» en Nayarit no la generan los ciudadanos que se organizan, que protestan y que alzan la voz ante lo que consideran injusto.

 

La verdadera ingobernabilidad la genera un gobierno que se cierra al diálogo, que se siente dueño absoluto de la verdad y que confunde la administración pública con un patrimonio personal.

 

El gobernador Navarro Quintero parece haber olvidado que el poder es transitorio y que el mandato popular es una delegación de confianza, no una patente de corso para perseguir a quienes piensan distinto.

 

Es hora de rectificar. Las detenciones de este martes no deben ser el estándar. Nayarit merece un liderazgo que no tema a la crítica, que garantice el derecho a la libre manifestación y que entienda que, en una democracia, los ciudadanos no son enemigos del Estado: son la razón de ser del mismo.

 

La indignación de hoy debe transformarse en una exigencia firme de respeto a los derechos humanos y libertades civiles. Lo que ocurre en Punta de Mita es un espejo de la relación que el actual gobierno mantiene con su gente: una relación marcada por la sordera política y el uso excesivo de la fuerza. Nayarit no merece este trato.