Sigue creciendo la lista de narcopolíticos de Morena

Sigue creciendo la lista de narcopolíticos de Morena: la DEA y el Departamento de Justicia de EE.UU. no mienten, el narcogobierno sí. La lista sigue creciendo porque el problema es estructural: infiltración del crimen en Morena y en las instituciones que controla.

 

 

El escándalo ya no se puede ocultar ni con discursos moralistas ni con acusaciones de “intervencionismo”. Luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de alto nivel del estado por conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y delitos relacionados con armas.

 

Según la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y la DEA, Rocha habría llegado al poder con el apoyo directo de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, a través de secuestros e intimidación a rivales políticos. A cambio, prometió protección y les permitió operar con impunidad en el estado.

No se trata de un “caso aislado”. Es el último eslabón de una cadena cada vez más larga y vergonzosa. La visa de Rocha ya le había sido revocada desde 2025, y la lista de políticos de Morena a los que Estados Unidos les retira la visa por presuntos vínculos con el narco no para de crecer: gobernadores, senadores, alcaldes y funcionarios de diversos estados.

 

Washington no actúa por capricho; lo hace porque tiene evidencia, inteligencia y expedientes que el gobierno mexicano prefiere ignorar o descalificar como “ataques a la Cuarta Transformación”.

 

Mientras en México se insiste en la narrativa de “abrazos, no balazos” y se minimiza la infiltración del crimen organizado en las instituciones, Estados Unidos ve la realidad cruda: un cártel que inunda su territorio con fentanilo que mata a decenas de miles de sus ciudadanos cada año, y funcionarios mexicanos que, en lugar de combatirlo, se convierten en sus socios.

 

Rocha no es un error administrativo; es la consecuencia lógica de poner en puestos clave a personas cuya lealtad parece estar más con el poder fáctico del narco que con el Estado de derecho.

 

Lo más grave no es solo que un gobernador sea acusado de narcotráfico y tráfico de armas. Es el patrón sistemático. Morena llegó al poder prometiendo acabar con la corrupción del “ancien régime” y combatir al crimen organizado de forma distinta.

 

El resultado es peor: un partido que concentra poder como nunca, mientras sus cuadros caen uno tras otro bajo el escrutinio de la DEA. La respuesta oficial suele ser la misma: negación, victimismo y contraataques retóricos contra Washington.

Nunca una investigación seria, profunda y transparente desde México. Esto no es soberanía. Es impunidad disfrazada de nacionalismo.

 

Cuando un gobierno extranjero tiene que señalar a nuestros gobernadores y funcionarios porque el nuestro no lo hace —o no quiere—, estamos ante un Estado fallido en formación.

 

Un país donde el cártel elige gobernadores y estos, una vez en el cargo, les devuelven el favor con protección institucional, no es una democracia plena. Es una narco-república con elecciones.

 

Rubén Rocha y los otros nueve acusados merecen el debido proceso, pero México no puede seguir fingiendo que esto es un problema externo o una persecución política.

 

La lista sigue creciendo porque el problema es estructural: infiltración del crimen en Morena y en las instituciones que controla.

 

Mientras el gobierno federal siga priorizando la narrativa y la concentración de poder sobre la seguridad y el Estado de derecho, la DEA seguirá haciendo el trabajo que aquí se evade.