Segunda Sala de Jalisco revoca prisión al actor Pascacio López

Segunda Sala de Jalisco revoca prisión al actor Pascacio López, le impone trabajo comunitario en caso con Vanessa Bauche, en dónde fue señalado ante la Fiscalía de Jalisco por violencia, hostigamiento y un beso no contemplado en el guion durante una escena.

 

La Segunda Sala del Poder Judicial del Estado de Jalisco emitió una nueva resolución en el caso que enfrentan los actores Pascacio López y Vanessa Bauche modificando la sentencia inicial de un año de prisión por delitos contra la dignidad de las personas.

 

Según la resolución notificada recientemente, López deberá cumplir 30 días de trabajo comunitario en el lugar designado por el Juez de Ejecución y pagar 7 mil 800 pesos como reparación del daño por el perjuicio psicológico causado a la víctima. Esta decisión deja sin efecto la condena de prisión dictada previamente.

 

El actor anunció que impugnará esta nueva sentencia, pues sostiene que no cometió ningún delito. “Ahí vamos paso a paso, la verdad ganará sobre las mentiras”, declaró a medios.

 

Los hechos denunciados ocurrieron en 2020 durante las grabaciones de la serie Guerra de Vecinos de Netflix, producida en locaciones de Jalisco. Bauche interpuso la denuncia ante la Fiscalía de la Mujer en Jalisco, acusando a López de violencia, hostigamiento y un beso no contemplado en el guion durante una escena.

 

De acuerdo con López, el señalamiento por abuso sexual fue desechado desde el inicio del proceso y solo prosperó el cargo por delito contra la dignidad de las personas según el artículo 202 Bis del Código Penal de Jalisco.

 

La actriz, por su parte, ha señalado que los hechos incluyeron agresiones verbales y conductas que afectaron su salud psicológica durante el rodaje.

 

En febrero de 2026, Vanessa Bauche celebró públicamente una sentencia condenatoria inicial de un año de prisión, pero la defensa de López apeló con éxito, derivando en la resolución actual de la Segunda Sala.

 

Este caso ha sido destacado como un precedente en la industria audiovisual mexicana respecto a la protección de derechos en entornos laborales de filmación. El proceso judicial, iniciado hace más de cinco años, continúa abierto ante posibles recursos adicionales.