Jalisco fortalece su red de protección económica para mujeres víctimas de violencia

Jalisco fortalece su red de protección económica para mujeres víctimas de violencia, la Red de Centros de Justicia para las Mujeres del Estado de Jalisco ha consolidado un sistema de impulsos económicos.
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Enfrentar la violencia de género requiere mucho más que una denuncia penal o una orden de protección; demanda condiciones materiales que permitan a las víctimas reconstruir su vida lejos de sus agresores.

Con este enfoque, la Red de Centros de Justicia para las Mujeres del Estado de Jalisco ha consolidado un sistema de «impulsos económicos» que busca erradicar la dependencia que suele encadenar a las mujeres a sus maltratadores.

​Sofía García Mosqueda, titular de la OPD, explica que el programa atiende una realidad dolorosa: la imposibilidad de abandonar un entorno violento por falta de recursos para cubrir necesidades básicas como renta, alimentación o salud.

​»La violencia se alimenta de la dependencia, sobre todo cuando hablamos de la dependencia económica. Ninguna mujer debe verse obligada a elegir entre tener techo y alimento para ella y para sus hijos o aguantar una golpiza», señaló la funcionaria al presentar los alcances del programa.
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​El esquema, que cuenta con una bolsa anual de 10 millones de pesos, ha logrado impactar a 1,015 mujeres en lo que va del año 2025. Los recursos se distribuyen con criterios técnicos en los centros de Guadalajara, Puerto Vallarta, Colotlán, Lagos de Moreno y Tlaquepaque, priorizando siempre el bienestar de la usuaria y sus hijos.

​Para García Mosqueda, este soporte trasciende lo asistencial. El objetivo es proporcionar un «acompañamiento integral» que permita a la mujer recuperar su proyecto de vida.

«Nuestro verdadero reto es tomarlas de la mano y caminar con ellas en el proceso más difícil de su vida: romper este ciclo de violencia», puntualizó.
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​El mecanismo de ayuda es flexible y se adapta a la emergencia de cada caso, con montos que van desde los 1,000 pesos —para necesidades inmediatas como fármacos o estudios clínicos urgentes— hasta los 50,000 pesos en situaciones que requieren intervención mayor.

​La coordinadora enfatizó que, ante la crisis que viven las mujeres al momento de solicitar auxilio, se han eliminado barreras burocráticas.

Si una víctima llega sin documentos de identidad, el personal de trabajo social y la dirección jurídica colaboran para validar su situación de forma expedita, bajo un esquema de corresponsabilidad y transparencia.

​»Buscamos brindarles una atención cercana, cálida y digna. Estos impulsos económicos son una manera muy clara de decirles que hay más alternativas, que pueden salir adelante y, sobre todo, que no están solas», concluyó García Mosqueda.