La diputada federal por Morena, Merilyn Gómez Pozos, y también aspirante a la alcaldía de Guadalajara, se encuentra en el centro de una polémica tras la realización del denominado “Mery Fest”, un evento de carácter proselitista que aprovechó la euforia por el partido de la Selección Mexicana contra Corea del Sur para impulsar su imagen pública.
El evento, que congregó a más de mil personas, no solo ha levantado cejas por la clara intención de promoción personal de la legisladora, sino por la presunta violación a las leyes de propiedad intelectual.
Durante la transmisión del encuentro deportivo, la organización utilizó la señal en vivo para atraer a la audiencia, una acción que contraviene los derechos de transmisión y las normativas sobre el uso de contenido protegido con fines políticos.
Más allá de la evidente falta ética, especialistas en materia electoral y derechos de autor señalan que la utilización de espectáculos deportivos masivos como «gancho» para atraer votantes representa un vacío legal que, recurrentemente, es explotado por figuras públicas.
La proyección del partido, acompañada de dinámicas y obsequios, sugiere una estrategia clientelar diseñada para vincular la figura de la diputada con un evento de identidad nacional, buscando capitalizar el sentimiento popular en beneficio propio.
«Utilizar un evento deportivo con derechos reservados para promocionar una marca política es una muestra de desprecio por las reglas que rigen tanto a los medios de comunicación como a la equidad en las contiendas electorales», señalaron analistas consultados.
La realización del «Mery Fest» se suma a una serie de recorridos y actividades en territorio que la legisladora ha sostenido, pese a las críticas por la posible configuración de actos anticipados de campaña.
Aunque Gómez Pozos ha rechazado sistemáticamente que su activismo en las colonias de Guadalajara busque una candidatura a la alcaldía, la magnitud y el despliegue logístico de eventos como el organizado durante el Mundial sugieren una campaña permanente financiada al margen de los tiempos institucionales.
Hasta el momento, la diputada no ha ofrecido una postura clara sobre las posibles sanciones por el uso indebido de las transmisiones deportivas, ni ha detallado el origen del financiamiento que permitió sostener la infraestructura, comida y equipo técnico empleado para reunir a los asistentes.
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