Una intensa controversia ha estallado este 30 de junio de 2026 tras revelarse la existencia de registros ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos que vinculan a la administración del gobernador Ricardo Gallardo Cardona con el polémico estratega político estadounidense Roger Stone.
Documentos presentados bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA) señalan que la Secretaría de Desarrollo Económico del estado habría suscrito acuerdos con Drake Ventures LLC, firma vinculada a Stone, y con su socia Diana London.
Los contratos, que ascienden a un total de 750,000 dólares (aproximadamente 14 millones de pesos), fueron registrados bajo el concepto de «relaciones públicas, comercio y desarrollo económico».
Aunque el gobierno potosino ha negado rotundamente la existencia de cualquier vínculo personal o de asesoría política para el gobernador Gallardo, el nombre de Stone —figura clave en el entorno del presidente Donald Trump y conocido por su labor de cabildeo en casos de alto perfil internacional— ha disparado las alertas en diversos sectores.
Analistas advierten que la contratación ocurre en un momento de extrema sensibilidad política debido a que el entorno de Gallardo ha sido objeto de señalamientos y reportes periodísticos previos que vinculan a políticos mexicanos con investigaciones sobre el crimen organizado.
Voces de la oposición han sugerido que, más allá de la atracción de inversiones, este tipo de asesorías podrían buscar canales de comunicación privilegiados en Washington para obtener protección o blindaje ante posibles escrutinios judiciales internacionales.
Críticos del contrato han señalado que los términos del acuerdo permiten modificar la naturaleza de los servicios, lo que alimenta la sospecha de que el objetivo real trascienda la agenda económica.
El gobernador Ricardo Gallardo ha desestimado las acusaciones, calificándolas de «golpeteo político» orquestado de cara a los procesos electorales de 2027.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al ser cuestionada sobre el tema, subrayó que, si bien la contratación de consultorías internacionales no es ilegal para fines técnicos, este tipo de decisiones «habla de cuál es la visión del gobierno y con quién está haciendo estos contratos».
A pesar de la negativa oficial, el caso ha puesto al gobierno de San Luis Potosí en el centro del debate sobre la ética en el gasto público y las complejas alianzas que los gobiernos estatales buscan tejer en los círculos de poder estadounidenses.
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