Ante el anuncio del Gobierno del Estado de un plan estratégico que requiere una inversión superior a los 20 mil millones de pesos para resolver la crisis de calidad y abastecimiento de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara, la bancada de Morena en el Congreso local ha marcado una postura firme: exigir que cualquier esquema de financiamiento sea puesto a discusión pública.
Miguel de la Rosa Figueroa, coordinador de los diputados de Morena, subrayó que su partido no dará un «cheque en blanco» a las propuestas de inversión del Ejecutivo. La estrategia del legislador y su bancada se centra en tres puntos clave:
La fracción parlamentaria ha reiterado que se opondrá a cualquier modelo que implique ceder la gestión o propiedad del SIAPA a manos privadas.
Antes de cualquier aprobación, Morena propone crear mesas de trabajo donde participen organizaciones sociales, especialistas financieros y ciudadanos.
El objetivo es que la sociedad conozca el destino de cada peso y evalúe la viabilidad de los modelos de inversión mixta que, según el legislador, no necesariamente equivalen a una privatización.
Por su parte, la diputada Marta Arizmendi ha enfatizado que no se puede hablar de mayores inversiones o incrementos tarifarios sin antes realizar una «reingeniería administrativa» dentro del SIAPA, para combatir la opacidad y mejorar la eficiencia interna del organismo.
La exigencia de «consultar a la ciudadanía» genera un debate natural entre la opinión pública. Mientras algunos sectores ven en esta postura un ejercicio de transparencia y participación democrática necesario ante una crisis que afecta a una de cada diez colonias en la ciudad, otros ciudadanos expresan frustración bajo la interrogante: «¿Para qué votamos por ellos?».
La crítica ciudadana suele centrarse en que, al elegir a un legislador, el votante deposita en él la confianza y la responsabilidad de estudiar, debatir y tomar decisiones técnicas y políticas informadas para resolver los problemas del estado, evitando el traslado de la carga de la gestión hacia procesos de consulta que podrían retrasar soluciones urgentes.
El conflicto pone sobre la mesa una tensión constante en la democracia actual: el equilibrio entre la representación delegada (donde se espera que los diputados resuelvan directamente) y la democracia participativa (donde se busca involucrar a los ciudadanos en las grandes decisiones presupuestales).
El plan estatal, anunciado recientemente por el Gobierno de Jalisco, incluye acciones de gran calado como la modernización de la planta potabilizadora Miravalle —con una inversión inicial de 2,500 millones de pesos— y busca atender la problemática de agua turbia que ha afectado a miles de familias jaliscienses en los últimos años.
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