Por cuarta ocasión consecutiva, la audiencia inicial contra 12 servidores públicos de la Fiscalía del Estado de Jalisco, investigados por presuntas irregularidades en el procesamiento de indicios en el predio conocido como Rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, fue diferida.
La diligencia judicial, que buscaba avanzar en el proceso penal contra los señalados, debió ser suspendida luego de que la defensa de uno de los imputados presentara un justificante médico que imposibilitaba su asistencia.
Ante esta situación, el juez de la causa determinó reprogramar la comparecencia para el próximo 18 de julio.
Los 12 imputados, entre los que se encuentran cuatro peritos y ocho empleados administrativos de la Fiscalía de Jalisco, enfrentan cargos por los delitos de abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia.
La investigación tiene su origen en las presuntas fallas cometidas durante el procesamiento de un predio ubicado en el municipio de Teuchitlán, el cual fue intervenido por las autoridades en septiembre de 2024.
Según las indagatorias, el manejo de los indicios recabados en el sitio no habría cumplido con los protocolos legales establecidos, lo que derivó en la apertura de este proceso penal.
El caso ha generado expectativa ante la posibilidad de esclarecer posibles omisiones o actos deliberados dentro de una investigación de alto impacto en la entidad.
Se espera que, para la nueva fecha se logre concretar la audiencia para definir la situación jurídica de los señalados.
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