Alcalde emecista presunto responsable del asesinato de la periodista Roxana Guzmán

La Fiscalía de Veracruz solicitó el desafuero del alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González, a quien señalan como presunto autor intelectual del asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, quien fue privada de su libertad el pasado 2 de junio.

 

La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) pidió al Congreso local el desafuero del alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, al señalarlo como presunto autor intelectual del asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez. La misma solicitud alcanzó al edil de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, aunque en su caso la fiscalía aún no ha detallado los delitos que se le atribuyen. Ambos ediles son emanados de Movimiento Ciudadano.

 

El expediente forma parte de la carpeta de investigación por la privación ilegal de la libertad y el homicidio de la comunicadora, ocurridos a partir del 2 de junio pasado, y que hasta ahora suma ocho presuntos responsables: cuatro integrantes de un grupo delictivo y cuatro elementos de la Policía Municipal de Ixhuatlán del Sureste. La petición fue presentada desde el 6 de julio por el fiscal Iván Hernández González, titular de la Sub Unidad Integral de Impartición de Justicia de Nanchital, con el fin de que el organismo esté en condiciones de «proceder penalmente» contra los dos alcaldes.

 

Rubicelia Ramírez Posada, madre de la periodista, respaldó el avance de la investigación pero pidió que el caso no quede a medias: «no se trate de un chivo expiatorio. Quiero que caiga todo el peso de la ley contra el implicado». La madre de Roxana también señaló que, desde el momento en que su hija fue privada de la libertad, tuvo conocimiento de que el alcalde González y su homólogo de Nanchital, José Luis Pérez Salinas, estarían relacionados con los hechos, y solicitó a la FGE investigar a una coordinadora de la policía municipal de Nanchital identificada como Karina «N», así como localizar a su pareja, un elemento de esa corporación que permanece prófugo. «Yo sé que con eso no me van a devolver a mi hija, pero aplicando todo el peso de la ley contra los responsables, se le hará justicia», afirmó.

 

Desde el Congreso, la diputada local Elena Córdova Molina, también de Movimiento Ciudadano, pidió que el proceso se conduzca sin sesgos políticos: «Lo único que pedimos es algo muy sencillo: que se respete el debido proceso, la presunción de inocencia y que cada investigación se sostenga en pruebas, no en especulaciones. Nadie está por encima de la ley». La legisladora advirtió además contra un eventual uso faccioso de la justicia:

 

«Nos preocupa y por eso hacemos un llamado muy respetuoso: que la justicia no se utilice como una herramienta para perseguir a la oposición o para obtener ventajas políticas. Nosotros no vamos a defender la impunidad, pero tampoco vamos a aceptar que se fabriquen delitos, que se condene a las personas desde los medios de comunicación o que la fiscalía pueda ser utilizada con fines políticos».

 

Notificados formalmente, González Martínez y Bravo Montero cuentan con siete días hábiles —plazo que vence el próximo martes— para presentar su defensa por escrito o comparecer ante la Comisión Instructora del Congreso veracruzano. Una vez cerrado ese periodo, la comisión fijará fecha para la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos, y posteriormente evaluará si existen elementos suficientes para turnar un dictamen al Pleno, que sería el encargado de votar si ambos alcaldes pierden su protección constitucional.