La Secretaría de Hacienda amplió las medidas para prevenir el lavado de dinero. Ahora también vigilará a funcionarios de otros países, familiares cercanos de políticos y funcionarios, así como a socios de empresas relacionados con ellos, anunciado en las nuevas reglas publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
La medida ya no aplica solo a los bancos. También incluye casinos, inmobiliarias, negocios de arte, venta de autos, notarías, asociaciones civiles y operaciones con monedas virtuales, entre otras actividades.
Las reglas consideran como Personas Políticamente Expuestas (PEP) a altos funcionarios, líderes políticos, jueces, militares, directivos de empresas estatales y personas importantes dentro de partidos políticos y organizaciones internacionales. En México, esta clasificación continuará durante un año después de dejar el cargo.
La vigilancia también incluye al cónyuge, concubina o concubinario y familiares hasta segundo grado, además de socios de empresas que tengan vínculos económicos con una persona de estos ámbitos.
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