ICE comprará 6 mil guantes capaces de emitir descargas eléctricas mediante un contrato de 16.7 millones de dólares sin licitación. La agencia busca usarlos para someter a personas detenidas que se resistan durante arrestos y traslados.
La adquisición ha generado críticas por sus posibles implicaciones en materia de derechos humanos. La senadora Catherine Cortez Masto y otros 15 legisladores pidieron cancelar la compra por dudas sobre seguridad médica, uso de la fuerza y derechos constitucionales.
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Human Rights Watch alertó sobre el potencial de abuso de estos dispositivos y cuestionó la capacidad de ICE para utilizarlos de forma segura, ante sus antecedentes de uso excesivo de la fuerza.
En 2023, el relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura consideró que las armas eléctricas de contacto directo son crueles, inhumanas o degradantes y pidió prohibirlas.
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