Familiares y colectivos denunciaron presuntas irregularidades en las detenciones durante la protesta por el agua en Guadalajara y exigieron información verificable sobre las personas bajo custodia. Mientras el Gobierno de Jalisco reportó 39 arrestos, los denunciantes sostienen que el número podría superar los 50 casos y cuestionan que algunos detenidos no fueran presentados ante una institución durante las primeras horas.
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La falta de información sobre los arrestos generó incertidumbre entre las familias, que durante varias horas desconocieron el paradero de sus allegados. Según los testimonios, algunas personas permanecieron bajo resguardo de policías estatales fuera de las instalaciones de la Fiscalía, mientras sus familiares y abogados enfrentaron obstáculos para comunicarse con ellas y conocer su situación jurídica.
Eduardo Mosqueda, consejero del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, advirtió sobre una posible criminalización de quienes participaron en la movilización para exigir agua digna. También solicitó investigar las detenciones que los colectivos consideran injustificadas y revisar el cumplimiento de los protocolos para atender las protestas sociales.
A las denuncias por las detenciones se suman señalamientos sobre el uso de la fuerza para dispersar la movilización, incluidos gas lacrimógeno, presuntas balas de goma y chorros de agua. Los participantes aseguraron que niñas, niños, personas adultas mayores y periodistas resultaron afectados, y estimaron que entre mil y mil 500 personas sufrieron los efectos del gas.
Los colectivos exigieron que se investigue la actuación de los policías y que se apliquen sanciones si se comprueba que incumplieron los protocolos. También reprocharon que la Comisión Estatal de Derechos Humanos no acudiera para acompañar las labores de apoyo y defensa jurídica de las personas detenidas.
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