Lemus admite abusos de autoridad tras presión ciudadana por criminalizar a manifestantes

Pablo Lemus Navarro primero señaló a un supuesto grupo de choque por los disturbios frente a Casa Jalisco durante la mega marcha por agua limpia en Guadalajara y ahora admite detenciones injustas y uso excesivo de la fuerza policial. El gobernador pasó de culpar a los manifestantes a reconocer los abusos de sus propios agentes, después de que las denuncias pusieran bajo presión el actuar de su gobierno frente a toda la nación.

 

Antes de que la noticia alcanzara repercusión nacional, Lemus aseguró que unas 400 personas encapuchadas buscaban provocar violencia y mantuvo sus señalamientos contra un supuesto grupo de choque, pese a que la movilización reunió a ciudadanos inconformes con la calidad del agua. En contraste, colectivos y manifestantes denunciaron que los presuntos provocadores estarían dentro de las propias filas de la Policía Estatal, cuyos elementos habrían participado vestidos de civil.

 

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¿Por qué Lemus reconoció los abusos policiales hasta después de que su versión sobre la protesta fuera cuestionada? Aunque inicialmente centró sus señalamientos en los manifestantes, ahora admite que sus propios agentes incurrieron en excesos, que hubo detenciones injustas y que nunca debieron arrojar agua ni gas contra quienes salieron a exigir agua limpia.

 

En su último mensaje, Lemus aseguró que todas las personas detenidas recuperaron la libertad, aunque aún no se confirma si los cuatro manifestantes que permanecían presos ya salieron de prisión. Anunció una investigación interna con acompañamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco para determinar responsabilidades, aplicar sanciones y reparar los daños, mientras sigue pendiente esclarecer cómo ocurrió el operativo y quién ordenó las acciones denunciadas.

 

 

A las dudas sobre el operativo se suma la diferencia en las cifras de detenidos: el gobierno reportó 39 detenciones, mientras que colectivos y familiares denunciaron más de 50. Esta diferencia exige respuestas claras, al igual que las denuncias por agresiones y detenciones arbitrarias, que requieren una investigación capaz de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

 

Ahora, Lemus apela a su lado humano con la frase “antes que gobernador soy persona”, pero la responsabilidad pública no se borra con palabras de arrepentimiento. Si hoy reconoce los abusos policiales, debe explicar por qué primero señaló a los manifestantes y solo después admitió los excesos de sus propios agentes. 

 

Lanzar acusaciones y luego reconocer errores no basta: la ciudadanía merece respuestas, las víctimas exigen reparación y los responsables deben enfrentar sanciones, no solo un cambio de discurso cuando las denuncias ya pusieron al gobierno bajo presión.