Pese a que Pablo Lemus reconoció los abusos policiales durante la mega marcha por el agua del 11 de octubre, los diputados de su partido, Movimiento Ciudadano, no respaldaron las medidas para exigir responsabilidades por los hechos, una postura que también contrasta con la falta de pronunciamiento oportuno de la dirigencia nacional y del propio gobernador durante los momentos más críticos de la crisis, cuando evitaron asumir una responsabilidad política por lo ocurrido.
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Durante la sesión, los diputados del partido naranja se abstuvieron de apoyar la petición para que la Fiscalía retirara los cargos contra los seis manifestantes vinculados a proceso, quienes salieron a exigir agua y terminaron criminalizados por participar en la protesta, una postura que criticó el diputado del PT, Leonardo Almaguer, mientras que la diputada de MC, Adriana Medina, justificó la decisión al argumentar que el Congreso no puede intervenir en procesos judiciales.
También fueron rechazadas las propuestas para retirar del cargo al secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, y pedir que la Fiscalía General de la República investigara posibles delitos de tortura, abuso de autoridad y detenciones arbitrarias, aunque sí se aprobó llamar a comparecer a la titular de la CEDHJ, Luz del Carmen Godínez González, para que informe sobre lo ocurrido.
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En medio de estas tensiones, los afectados mencionan que la represión policial frente a Casa Jalisco, donde se usaron chorros de agua a presión y gas lacrimógeno contra manifestantes, no puede quedar solo en una indemnización, pues aunque el Congreso aprobó compensar a quienes fueron detenidos y golpeados, aún falta investigar los abusos, castigar a los responsables y que MC asuma su responsabilidad ante la ciudadanía.
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