El procurador estatal de Protección al Ambiente, Iker Fran Martínez Gallardo, compareció ante el Congreso de Jalisco para responder por las denuncias de contaminación relacionadas con el relleno sanitario Picachos, pero su actuación quedó bajo cuestionamiento por el posible conflicto de interés derivado de su vínculo familiar con el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, relacionado con el caso.
Durante la sesión, el funcionario defendió una inspección realizada el 23 de septiembre de 2026, en la que aseguró que no encontró derrames de lixiviados fuera del vertedero, aunque la dependencia ordenó reforzar el manejo de residuos y el control de los líquidos acumulados, por lo que los resultados de la revisión no significaron que el caso estuviera resuelto.
Otro punto que dejó dudas fue que la PROEPA reconoció que no puede determinar si existe contaminación en el río Milpillas y las cascadas de Huaxtla, pues esa evaluación corresponde a autoridades federales, mientras el procedimiento administrativo 307/26 permanece bajo reserva y todavía no ha causado estado.
La comparecencia ante la Comisión de Medio Ambiente, Sostenibilidad, Protección Civil y Resiliencia puso bajo la lupa la actuación del procurador, quien debía explicar qué ha hecho su dependencia frente a las denuncias ambientales, pero dejó pendientes respuestas sobre las posibles afectaciones y la imparcialidad de su intervención en un caso que involucra a su entorno familiar.
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