El Gabinete de Seguridad de Jalisco reconoció fallas en el operativo policial del 11 de octubre, cuando elementos estatales utilizaron gases lacrimógenos y chorros de agua a presión contra personas que exigían agua limpia frente a Casa Jalisco. Sin embargo, durante su comparecencia ante el Congreso, los funcionarios no identificaron quién autorizó estas acciones y aseguraron que las posibles irregularidades siguen bajo investigación.
El secretario de Seguridad, Juan Pablo Hernández, informó que 17 policías, incluidos tres mandos, están bajo investigación y que los 237 elementos que participaron deberán rendir informes ante Asuntos Internos. Por su parte, Roberto Alarcón reportó 84 personas lesionadas: 48 civiles, 32 policías y cuatro bomberos.
La diputada Mariana Casillas denunció golpes, detenciones arbitrarias y casos de incomunicación y tortura, además de exigir disculpas públicas y reparación del daño, también cuestionó que los funcionarios no explicaran quién dio las instrucciones para utilizar la fuerza pública, mientras que el diputado Enrique Velázquez pidió aclarar los señalamientos sobre posibles vínculos entre policías y personas infiltradas.
La Fiscalía detalló que 32 de las 39 personas detenidas, 21 hombres y 18 mujeres, quedaron en libertad y siete fueron presentadas ante un juez, mientras que los diputados cerraron la comparecencia con la exigencia de que Carlos Arias Madrid entregue un informe sobre quién ordenó el operativo, una respuesta que los funcionarios todavía dejaron pendiente.
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