El ahorcamiento público de Majidreza Rahnavard, menos de un mes después de supuestamente matar a los dos agentes de seguridad, mostraba la velocidad a la que Irán cumplía las condenas de muerte a los detenidos en las manifestaciones que el gobierno quiere sofocar.
Al menos una docena de personas han sido condenadas ya a muerte en juicios a puerta cerrada, según activistas.
Al menos 488 personas han muerto desde el inicio de las protestas a mediados de septiembre, según activistas de Derechos Humanos en Irán, quienes aseguran que hay un grupo que monitorea las protestas. Otras 18 mil 200 personas han sido detenidas por las autoridades.
Rahnavard habría apuñalado a dos miembros de las fuerzas de seguridad y herido a otros cuatro el 17 de noviembre, según la agencia iraní Mizan, controlada por la judicatura del país. La ejecución pública se realizó este lunes por la mañana en Mashaad, añadió la agencia.
Imágenes emitidas en la televisora estatal mostraban a un hombre que perseguía a otro y daba la vuelta a una esquina, después se alzaba sobre él y le apuñalaba cuando el otro había caído contra una motocicleta estacionada. Otro video mostraba al mismo hombre apuñalando a otra persona a continuación. El agresor, que según la televisora estatal era Rahnavard, huía corriendo.
El reporte de Mizan identificó a los como “estudiantes” basij, voluntarios paramilitares de la Guardia Revolucionaria iraní. Los basij se han desplegado en grandes ciudades, donde han atacado y detenido a manifestantes, que en muchos casos han cotraatacado.
Un reporte muy editado en la televisión estatal emitido tras la ejecución, mostraba imágenes del reo en la corte. En el video dijo que había empezado a odiar a los basij tras ver videos en medios sociales en los que miembros de la fuerza golpeaban y mataban a manifestantes.
Mizan dijo que el hombre intentaba huir a un país extranjero cuando fue detenido.
Rahnavard fue condenado en la Corte Revolucionaria de Mashhad, según Mizan. Esas cortes han recibido críticas internacionales por no permitir que los acusados elijan a sus abogados o tengan acceso a las pruebas en su contra.
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