La diputada local de MC, Mónica Magaña, dijo que, si no se tiene para pagar la verificación u otro trámite “esencial” para moverse en carro, se puede optar por el transporte público, porque tener automóvil no es un derecho que se quite, sino un privilegio.

La Verificación Responsable es, sin duda, una de las más polémicas medidas de esta administración dentro de las obligaciones impuestas a la ciudadanía, aunque sustentada en una necesidad real de resolver el grave problema de contaminación que existe, han sido las formas lo que ha generado protestas e indignación entre la ciudadanía de toda la entidad.

La ciudadanía protesta, hace marchas, bloquea avenidas, acude al Congreso en busca de respuestas; en lugares como Puerto Vallarta, el conflicto de rechazo de la ciudadanía a la verificación vehicular lleva al municipio a clausurar el centro de verificación. Como respuesta, las autoridades estatales iniciaron ya las multas a las y los automovilistas con terminación de placa 1 y 2 que no cumplieron con la Verificación Responsable dentro de su tiempo obligado, los legisladores ponen vallas alrededor del Congreso. En Puerto Vallarta la policía municipal entra en conflicto con la policía estatal, unos para que se pongan los sellos de clausura, los otros para impedirlo. Y en medio, los ciudadanos siguen con la certeza de que no se les toma en cuenta.

En todas las autoridades involucradas en torno a la Verificación Responsable, pareciera que la única respuesta ha sido poner oídos sordos. Mientras, que la tensión entre la ciudadanía siga creciendo.

Pero la declaración que se llevó el premio al fuera de lugar –por decir lo menos-, la hizo la diputada local de Movimiento Ciudadano, Presidenta de la Comisión de Movilidad, Mónica Magaña, que para responder a las protestas ciudadanas que se hicieron frente al Congreso del Estado, de plano dijo que, si no se tiene para pagar la verificación u otro trámite, se puede optar por el transporte público, porque tener automóvil no es un derecho que se quite, sino un privilegio.

Según las palabras de la joven diputada, tener vehículo no es un derecho y si no se tiene para pagar los trámites “esenciales” para tener un carro -y enumeró la licencia, el seguro, las placas y, faltaba menos, la verificación- pues hay que buscar la alternativa del transporte público. Dijo que también los automovilistas deben estar conscientes del tiempo de caducidad de los vehículos. Asumiremos que eso implica cambiar a vehículos recientes o en mejores condiciones. ¿De verdad, diputada?

Porque es la respuesta más absurda de todas las que se han escuchado. Empezando porque el transporte público no es la opción para quienes requieren de sus vehículos para trabajar o para movilizarse por cuestiones físicas de edad, enfermedad o discapacidad (y en esto del acceso a un transporte público eficiente y bien equipado les siguen debiendo mucho a las personas con discapacidad).

Detrás de cada persona a las que, simplemente, la diputada está mandando a tomar el camión, hay alguien real, con nombre, apellido y necesidades específicas. Solo hay que darse una vuelta a leer los sondeos ciudadanos que han hecho los medios de comunicación a la gente que sí está acudiendo a los centros de verificación y manifiestan su miedo a que les quiten sus vehículos si estos no pasan la prueba.

Las críticas apuntan al carácter recaudatorio de esta medida, que no resuelve de fondo el enorme problema que –eso nadie lo niega- existe con la contaminación del aire. Pero los costos del proceso, de las reparaciones y de las multas sí constituyen un fuerte golpe al bolsillo de la ciudadanía.

La verificación tiene un costo de 500 pesos, 50 más si es en fecha extemporánea; las multas por no realizar la verificación pueden llegar de los mil 924 a dos mil 405 pesos. El costo de la afinación varía mucho dependiendo del taller, el lugar y las condiciones del vehículo, pero nadie las realiza por menos de 1,500 pesos, eso, sin contar reparaciones específicas. Ahí, además, es donde hay que añadir los otros trámites “esenciales” como la licencia, las placas, el refrendo y el seguro, como tan amablemente nos ha recordado la legisladora.

Y cambiar de vehículo, es una propuesta realmente simplista, no hay ingresos para eso. Nadie se negaría teniendo la forma de adquirir un vehículo más nuevo, sin descuidar las otras necesidades que hay que cubrir con sueldos e ingresos que pierden la capacidad adquisitiva de forma acelerada en nuestro país.

Se ha señalado la estructura de negocio con que se ha hecho todo alrededor de la verificación responsable. Como ejemplo está el hecho de que los verificentros, como se les llama popularmente a los centros de verificación, fueron una concesión a empresa privada.

En tiempos de franca supervivencia, por economía y otros factores como la inseguridad, la gente se está hartando de que se le siga cargando el peso de los pagos. No son rechazos sin sentido, se han escuchado propuestas para que la verificación sea un proceso gratuito, pero otra vez, las autoridades siguen sordas.

Está también la enorme y justificada duda de que estén haciendo bien el procedimiento. De hecho, esta medida, que se aplicaría desde agosto de 2021, fue suspendida por fallas en los equipos para hacer los procesos de verificación. Ahora, en su relanzamiento, han sido incontables las quejas de usuarios cuyos automóviles no han pasado la prueba, a pesar de ser nuevos.

Otras medidas que han generado malestar es el pase temporal que deben traer visitantes con vehículo a nuestro estado y que las verificaciones abarquen todas las ciudades medias y áreas metropolitanas regionales de la entidad, sin entender las dinámicas específicas de cada región.

En Puerto Vallarta, por ejemplo, hay una afectación doble. Primero, a un turismo que viaja en sus vehículos particulares y que no podrá regresar de forma continua a este destino turístico, porque supera los 30 días por semestre que permite en su pase temporal la medida de la verificación obligatoria a los automotores de otros estados y correrían el riesgo de ser multados; segundo, a la particular situación que tienen quienes viven en Nayarit y cruzan todos los días a Puerto Vallarta por motivos de estudio o trabajo. ¿De verdad tomaron en cuenta estas situaciones y el rechazo que habría entre la ciudadanía?

La movilidad, diputada, sí es un derecho. Antes de señalar al transporte público como opción hay que estar consciente de que no hay salidas sencillas para hacer frente al problema de la contaminación de automotores, pero es obligación de las autoridades encontrar las mejores formas con medidas que no parezcan pretextos de recaudación.

Por cierto ¿segura que el transporte público es una alternativa?, ¿podrá subir al camión el comerciante con su mercancía?, ¿el vendedor a cubrir sus rutas de ventas?, ¿las personas que transportan a familiares con discapacidad?, ¿se pueden subir los adultos mayores sin que esto sea un riesgo a su persona o sus vidas?, ¿ofrece el transporte público en todo Jalisco calidad, costo accesible, seguridad, eficiencia y acceso para todas y todos? Piense la respuesta.