Tres servidoras públicas del DIF Tomatlán fueron vinculadas a proceso por abuso de autoridad y violaciones a derechos de un menor. Entregaron al niño sin verificar identidades ni seguir protocolos legales.
Tres funcionarias del DIF Tomatlán fueron vinculadas a proceso por presuntamente entregar a un menor sin cumplir los procedimientos legales correspondientes. Entre las implicadas se encuentra Maricela “N”, directora del Sistema Municipal DIF; Marcia Margarita “N”, encargada de trabajo social; y María de los Ángeles “N”, asesora jurídica de la Unidad de Atención a la Violencia Familiar (UAVIFAM). El juez de Control y Oralidad del Octavo Distrito Judicial, Joaquín Torres Ángel, determinó su vinculación por abuso de autoridad y delitos cometidos en la administración de justicia.
De acuerdo con la resolución judicial, las funcionarias violentaron derechos fundamentales y el interés superior del menor al conceder una ventaja indebida y omitir la denuncia de irregularidades de las que tuvieron conocimiento en el ejercicio de sus funciones. Como medidas cautelares, el juez les prohibió salir del estado y acercarse a las víctimas, además de requerirles una firma mensual durante los próximos seis meses.
Los hechos ocurrieron en junio de 2023, cuando una mujer acudió al DIF municipal solicitando orientación legal para obtener la custodia de su nieto, de quien se había hecho cargo desde su nacimiento. La mujer fue citada junto con la madre biológica del menor. Sin embargo, el día de la cita, las servidoras públicas le retiraron al niño y lo entregaron a la madre sin verificar documentación ni identidades.
Tras lo sucedido, la abuela del menor acudió a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en Guadalajara, donde denunció los hechos. La carpeta de investigación fue integrada por la Agencia Regional de la Fiscalía Anticorrupción con sede en Puerto Vallarta, que llevó el caso ante el juez.
El proceso judicial continúa en curso y se investigarán a fondo las omisiones y responsabilidades de las servidoras públicas involucradas, mientras las autoridades reiteran la importancia de proteger el interés superior de la niñez y respetar los procedimientos legales establecidos.