Magistrados confirman ilegalidad en mañaneras de López Obrador, el vigésimo Tribunal Colegiado en materia administrativa determinó que la sección «¿Quién es quién en las mentiras?» en las mañaneras de AMLO contravenía a la libertad de pensamiento, de expresión y de prensa.
Un duro revés recibió Andrés Manuel López Obrador, que se mantiene escondido y viajando en aviones privados, sin la famosa “Austeridad Republicana” y ahora es señalado de ilegalidades durante sus mañaneras en Palacio de Gobierno durante seis años.
El vigésimo Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito determinó por unanimidad de todos sus magistrados que la sección ¿Quién es quién en las mentiras? que fuera conducida por Elizabeth García Vilchis, era ilegal.
Los magistrados señalaron que el Gobierno de México operó “como un instrumento de estigmatización, utilizando recursos públicos para desacreditar y señalar de manera unilateral a periodistas críticos como ‘mentirosos’, atribuyéndose de facto la facultad de definir la ‘verdad’ y la ‘mentira’ desde el poder político, lo cual contraviene las libertades de pensamiento, de expresión y de prensa” inician.
Los magistrados Fernando Silva, José Sebastián Gómez y Salvador Alvarado señalaron que para la realización de dicha sección se usaron recursos públicos para generar en realidad campañas de desinformación, propaganda oficial, juicios mediáticos de desprestigio, exposición de datos personales y ataques a la vida privada y al honor de ciudadanos o periodistas considerados opositores al gobierno.
Esto contraviene el derecho a la libertad de expresión, protegido por la Constitución mexicana (artículo 6) y tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa han criticado esta práctica por considerarla una campaña de descrédito contra la prensa independiente.
Además con dicha acción el Gobierno de México a través de Jesús Ramírez Cuevas buscó fomentar la censura indirecta, la polarización social y erosionar los pilares de la democracia.
Además al descalificar a medios y periodistas sin un proceso justo o pruebas contundentes, la sección limitaba el acceso de la ciudadanía a información plural y diversa, afectando el derecho a la información veraz. Esto fue señalado como una práctica que buscaba controlar la narrativa pública en lugar de fomentar el debate democrático.
Finalmente se caía en una estigmatización y riesgo para periodistas al haber una exposición de nombres y trabajos periodísticos en la sección ponía en riesgo la seguridad de los comunicadores, en un contexto donde México es uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo.
Organizaciones como Article 19 han documentado cómo estas prácticas contribuyen a un clima de violencia contra la prensa, con casos de agresiones y asesinatos relacionados con la estigmatización gubernamental.